Cabezón suspende las ayudas sociales al personal laboral y a los funcionarios

04 noviembre 2012

El equipo de gobierno de Cabezón de la Sal, formado por PP y PRC, aprobó ayer en sesión plenaria la suspensión de las mejoras sociales del convenio colectivo del personal laboral y funcionarial del Ayuntamiento. La alcaldesa, Esther Merino, agradeció al personal laboral el hecho de no haber solicitado las facturas pendientes de pago al Ayuntamiento, «solidarizándose así con los funcionarios y la difícil situación económica que se vive en este Consistorio». 
 
La medida creó controversias entre el equipo de gobierno y la oposición, formada por PSOE e Izquierda Unida, que calificó la propuesta de «injusta». «Siempre pagan los mismos las consecuencias de la crisis», explicó el portavoz de IU, Felipe Ruiz, que abandonó el salón de plenos antes de que finalizase la sesión. 
 
Por su parte, la portavoz del PSOE, Isabel Fernández, aludió a la denuncia interpuesta por el sindicato del personal laboral cuando se les privó de las ayudas por acuerdo plenario. El juez dictó sentencia en contra del Ayuntamiento, que ahora se ampara en una ley del mes de julio para privar de las ayudas a funcionarios y personal laboral. «Una medida coyuntural hasta que este Ayuntamiento vuelva a tener la liquidez que necesita», especificó Merino. Argumento que no convenció al PSOE, ya que su concejal Carmelo Renedo acusó al equipo de gobierno de llevar a cabo «contratos fraudulentos» y de poner en marcha «un plan de saneamiento sin criterio». 
 
La segunda medida a debatir también encendió los humos de algunos de los concejales. El equipo de gobierno aprobó aumentar la tasa del agua y alcantarillado en un 30% «tal y como estaba establecido en el pliego de condiciones firmado con la empresa adjudicataria del agua». En la ordenanza figura una bonificación del 50% para las familias con pocos recursos.

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