El Gobierno de
Cantabria, conocedor de la situación de necesidad de vivienda para
situaciones de emergencia social, ha elaborado un procedimiento especial
de adjudicación para atender a este tipo de situaciones y que permitirá
a la Administración autonómica atender con prontitud acontecimientos
extraordinarios. Por este motivo, el Gobierno ha decidido ofertar 24
viviendas de su propiedad en régimen de alquiler para cubrir las
necesidades más acuciantes de familias con escasos recursos económicos.
El consejero de Obras Públicas y Vivienda, Francisco Rodríguez Argüeso,
ha presentado hoy la Orden por la que se regula el procedimiento para
la adjudicación de estas viviendas protegidas cuya propiedad pertenezca
al Gobierno de Cantabria y que se ha publicado hoy en el BOC (Boletín
Oficial de Cantabria).
Según ha
informado Rodríguez Argüeso, el anterior equipo de Gobierno PRC-PSOE
desarrolló el Decreto 68/2009, de 24 de septiembre, en el que afirmaba
ser consciente de la necesidad de establecer un procedimiento para dotar
de seguridad jurídica a las adjudicaciones de viviendas protegidas
propiedad del Gobierno de Cantabria, facultando al entonces consejero de
Obras Públicas a regular mediante una Orden el procedimiento de
adjudicación. Sin embargo el Decreto nunca se llegó a desarrollar,
dejando vacías y sin uso, desde 2009, 24 viviendas que son las que ahora
se activan. Estas 24 viviendas se reparten en los siguientes
municipios: Torrelavega (5 viviendas), Corrales (4 viviendas), Val de
San Vicente (3 viviendas), Santander (8 viviendas) así como Cabezón de
la Sal, Reinosa, Castro Urdiales y Puente Viesgo con 1 vivienda cada
uno. La mayoría de estas viviendas están vacías desde su adquisición.
Procedencia y precios
Según ha informado el consejero, dichas viviendas proceden del derecho de tanteo y retracto
que desde 2004 el Gobierno de Cantabria ha ejercido, tanto en ventas
privadas (el propietario de la vivienda notifica que quiere vender la
vivienda y el precio en el que la quiere vender y la Consejería le
notifica que en ese mismo precio la compra el Gobierno) como en
ventas/subastas, tanto judiciales (promovidas por Bancos para el cobro
de hipotecas) como administrativas (embargos de la Seguridad Social).
Los precios de renta podrán tener una reducción de hasta el 40 por
ciento y oscilarán sobre entre 150 y 250 euros mensuales. Rodríguez
Argüeso espera que los inquilinos puedan acogerse también a las ayudas
que apruebe el Plan Estatal de Vivienda y las subvenciones a los
arrendamientos que entrarán en vigor el año próximo.
El Gobierno de Cantabria pedirá a los Ayuntamientos y a sus servicios
sociales que le trasladen las necesidades más acuciantes de sus vecinos
como consecuencia de desahucios o incapacidad para afrontar un
arrendamiento de vivienda libre. Se priorizarán algunos colectivos
especialmente protegidos: mujeres víctimas de violencia de género,
víctimas del terrorismo, afectados por situaciones catastróficas,
familias numerosas, personas dependientes o con discapacidad
oficialmente reconocida, y las familias que tengan a su cargo así como
personas sin hogar o procedentes de operaciones de erradicación del
chabolismo.
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