El proyecto de construcción de un nuevo centro de salud
en Cabezón de la Sal está pendiente de la aprobación del Plan General de
Ordenación Urbana del municipio. Después de que el Ayuntamiento
acordase en agosto pasado ceder a la Consejería de Sanidad los terrenos
donde se encuentran las piscinas municipales descubiertas, en los que se
levantará el edificio, los motores de la burocracia han ralentizado el
proyecto. La alcaldesa, Esther Merino, que hace unos días se ha reunido
con el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha anunciado que la
aprobación del Plan General, que tendrá lugar en el primer semestre del
año, permitirá dar un paso adelante en el proyecto y «hará posible que
se pueda construir en la parcela cedida al Servicio Cántabro de Salud».
Según Merino, el Gobierno Regional «apuesta porque el
nuevo centro de salud sea una realidad en esta legislatura». Pero para
ello ha de salir adelante el Plan General, «lo que permitirá que se
realicen los trámites para la «puesta en marcha de la redacción del
proyecto y comiencen a licitarse las obras», explicó la alcaldesa. La
aprobación del documento urbanístico supondrá también dar uso al terreno
de El Concejero donde en un primer momento se pretendía ubicar el
centro de salud. Una parcela que el equipo de gobierno quiere destinar
ahora a la construcción de viviendas protegidas. Cuando se apruebe el
PGOU, insistió Merino, «se tramitará también el plan parcial para
construir estas viviendas».
Una entidad que también se beneficiará de la aprobación
definitiva del PGOU es la empresa Textil Santanderina. Tras las
reuniones mantenidas entre el equipo de gobierno y la dirección de la
empresa, «la Textil dispondrá de un terreno en el polígono industrial de
Las Navas de 60.000 metros cuadrados, donde podrá construir y ampliar
sus instalaciones».
Por el momento, ya se han realizado las modificaciones
pertinentes del documento urbanístico enviadas por Confederación
Hidrográfica del Norte relacionadas con el estudio de inundabilidad y el
informe de Carreteras. Después de que el equipo redactor lleve a cabo
estas correcciones, tendrá que emitirse un informe definitivo sobre el
documento, tras lo cual será enviado a la Crotu, que lo sacará a
información pública durante 40 días.
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