La política ambiental del Gobierno de Cantabria

10 enero 2013

La anulación de la variante de Oyambre por el Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria en una sentencia que es definitiva y no admite
recurso, ha constituido uno de los mayores escándalos políticos de
los últimos tiempos. Y, sin embargo, su fugaz presencia mediática,
su ausencia total en los escenarios institucionales donde debería
haber sido objeto de una profunda reflexión y debate –en el

Parlamento de Cantabria, en las Comisiones correspondientes, en las
Consejerías de Obras Públicas, Medio Ambiente y Agricultura...– con
la voluntad pública y urgente de cumplirla en los términos de
restituir a su estado original los terrenos, el paisaje y los valores
ambientales afectados; en los propios partidos políticos que
impulsaron o consintieron el proyecto; en las entidades locales y
Ayuntamientos que, en su momento, apoyaron la realización de la obra;
o en los mismos órganos de gestión y participación del Parque Natural
–la dirección, el Patronato...–, son toda una demostración, de
absoluta falta de transparencia por parte de las Administraciones
Públicas implicadas –que incluye, también, al Gobierno Central, al
Ministerio de Fomento, a la Confederción Hidrográfica y a la
Demarcación de Costas–, y de los nulos propósitos de la enmienda
sobre los procedimientos en la aprobación y ejecución de unos
proyectos viciados desde el principio y advertidos repetidamente de
la ilegalidad que ahora se confirma.

Pero si ya es grave el reiterado desprecio a un lugar
absolutamente excepcional y uno de los activos más valiosos de los
atractivos turísticos de la región, no es, desde luego, el único
testimonio de este Gobierno que está superando al anterior en la
complicidad con los númerosos impactos, negligencias y degradación
ambiental que sigue sufriendo Cantabria: el abandono generalizado de
los Parques Naturales de toda la región –en la financiación, en la
corrección o en la restauración del patrimonio Natural, en la
creación de empleo...–; el empecinamiento en sostener –como ocurrió
con Oyambre– los recursos judiciales para proseguir con obras como
la variante de Comillas –a la que el Tribunal Supremo en este caso
acabará, también, dando, si es coherente con sus propios
pronunciamientos, la razón a quienes la impugnamos y conseguimos, en
primera instancia, la sentencia favorable de suspender su
construcción–, y no ejecutar las demoliciones o desmantelamientos de
la macrodepuradora de la Vuelta Ostrera o de las numerosas
urbanizaciones ilegales que siguen en pie a lo largo de la costa
cántabra; y los enredos legislativos con las modificaciones de la Ley
de Costas estatal y la Ley del Suelo autonómico para vaciar de
contenido el Plan de Ordenación del Litoral, “flexibilizar” la
construcción de infraestructuras, viviendas o polígonos industriales
en los suelos rústicos y de especial protección ecológica tanto en
las zonas rurales como en los propios bordes costeros, y pretender
indultar infracciones, irregularidades e impactos en asentamientos,
concesiones y ocupaciones de la franja marítimo-terrestre, marismas y
áreas de dominio público.

Y todo ello envuelto en la retórica psudoecológica que encierran
las iniciativas sobre la suspensión del fracking –que, en realidad,
solo afecta provisionalmente a uno de los cinco permisos sobre la
autorización de esas técnicas de explotación de hidrocarburos en
Cantabria–, dentro de la propia indefinición del proyecto de ley y la
falta de medidas más eficaces en el impulso a las energías
renovables, al ahorro y la eficiencia energética, a la movilidad
sostenible en el transporte o a la lucha contra el cambio climático;
sobre el concurso eólico y otras iniciativas de ordenación y
planeamiento –que sigue olvidando el marco general del Plan Regional
de Ordenación del Territorio y la Ley del Paisaje en que debía
inspirarse y que continúan sin aprobarse–; sobre la supuesta
dinamización de un sector forestal que padece de las mismas
limitaciones al no contemplar la restricción y localización más
racionales y ecológicas de las plantaciones masivas y compactas de
eucaliptos y pinos que siguen extendiéndose por toda la región; o
sobre un urbanismo especulativo y unas políticas ambientales sin
transversalidad alguna entre las distintas Administraciones y
Consejerías que siguen fomentando la dispersión, la instalación de
macrosuperficies en las periferias urbanas y contra el pequeño
comercio, la presión cada vez mayor sobre los ecosistemas fluviales y
la acentuación de los efectos de las inundaciones, el desprecio al
Patrimonio Cultural y al paisaje, los retrasos en cumplir los
objetivos mínimos en la reducción, tratamiento y neutralización de
residuos..., ejemplos, entre otros muchos, de que otras formas de
actuar son posibles.

Emilio Carrera. Miembro de Ecologistas en Acción-Cantabria

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