Nueve meses después de que la aprobase el Parlamento de
Cantabria, el Estado ha decidido frenar la ley que prohíbe el fracking
en la región con un recurso de inconstitucionalidad para el que ha
apurado el calendario al máximo, ya que el plazo para dicho recurso
expira el próximo lunes día 27, y que suspende de forma temporal la
norma en conflicto. El consejero de Medio Ambiente y Urbanismo, Javier
Fernández, ha informado esta tarde, en una rueda de prensa convocada
sobre la marcha, de la decisión adoptada por el
Consejo de Ministros hoy
a instancias del Ministerio de Industria, cuyo titular, José Manuel
Soria, es un baluarte declarado de la fractura hidráulica como
herramienta para reducir el déficit energético nacional.
Este tipo de ingeniería es tan polémica entre la ciudadanía
como atractiva para las compañías de hidrocarburos, pues detecta y
extrae gas esquisto de las rocas del subsuelo donde se halla encapsulado
con unos costes que la han convertido en la fuente energética con mayor
expansión en Estados Unidos, y pronto, en Europa. No en Cantabria, pues
según Fernández, aún sin ley "va a ser prácticamente imposible" que
ninguna compañía utilice este sistema, ya que requiere una calificación
de los suelos municipales como "de especial, protección minera" que la
Administración autonómica no piensa conceder. "Este Gobierno le ha
declarado la guerra al fracking", ha sostenido Fernández, recordando que
ninguno de los cinco permisos vigentes en la región (cuatro de ámbito
estatal y uno regional) ha superado la fase de investigación aún. Cuando
pretendan extraer gas con pozos, las empresas se encontrarán con esa
"incompatibilidad urbanística" a la que ha aludido el consejero, y que a
su entender resulta igual de definitiva.
El recurso suspende la ley temporalmente como medida
cautelar, hasta que el Tribunal se pronuncie sobre un "incidente legal"
previo, donde no entrará a juzgar el fondo del asunto. Lo que hará será
contrastar los dos interese en conflicto. Por un lado, el posible
perjuicio a la comunidad por permitir el fracking durante "el año o dos
años" que tarde en resolver la supuesta inconstitucionalidad. Y por
otro, el posible perjuicio a la política energética de la nación que se
derivaría de permitir la prohibición durante ese mismo tiempo. El plazo
habitual para conocer la solución a este "incidente" suele rondar los
cinco meses, ha señalado Fernández.
El Ejecutivo de Ignacio Diego ya se esperaba este
desenlace, después de que la mesa bilateral constituida hace tres meses
para acercar posturas no haya acercado absolutamente nada a pesar de ser
ambos interlocutores del mismo partido político.. La argumentación
legal aprobada por el Consejo de Ministros "impugna prácticamente la
totalidad de la ley", que por otro lado apenas ocupa dos folios. El
Estado recurre la prohibición en sí, además de la consideración del
fracking como una infracción urbanística y medioambiental, y el hecho de
que la norma anule tanto los permisos futuros como los ya concedidos.
"Nosotros entendemos que no cuestionamos la legislación básica del
Estado", ha defendido el responsable de Medio Ambiente, quien considera
que Cantabria puede arrogarse la competencia para legislar sobre el
asunto. "Vamos a seguir manteniendo que en Cantabria nos puede llevar a
cabo el fracking, con ley o sin ley. Hay argumentos suficientes para
hacerlo prácticamente inviable", ha insistido.
El Gobierno regional buscará "otros argumentos normativos"
para andamiar su prohibición por la vía urbanística, caso de leyes
medioambientales o de protección de aguas. "Las empresas tiene que
respetar toda la legislación sectorial, no sólo la minera", ha advertido
Fernández.
Argumentos del Estado
El Estado considera que el texto aprobado por el Parlamento
regional por unanimidad a propuesta del Gobierno del PP, es
"inconstitucional" porque vulnera la Ley del Sector de Hidrocarburos,
que prevé que corresponde a la Administración General del Estado otorgar
las autorizaciones y permisos relativos a hidrocarburos cuando afecte
al ámbito territorial de más de una Comunidad Autónoma y en las zonas de
subsuelo marino.
El Gobierno entiende que la ley de Cantabria , al prohibir
la investigación y extracción de gas esquisto mediante la técnica del
fracking, "vacía de competencias" al Estado en materia hidrocarburos. En
este sentido, señala que "las competencias autonómicas sobre medio
ambiente no pueden extenderse de forma que impidan completamente el
ejercicio de las competencias estatales".
Por otro lado, el Ejecutivo central puntualiza que la
legislación estatal no ignora la protección ambiental en la utilización
de esta práctica, ya que, tanto el Texto Refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por Real Decreto Legislativo
de 2008, como la Ley de evaluación ambiental, de 2013, sujetan los
proyectos que utilicen esta técnica a la evaluación de impacto
ambiental, que "podrá establecer todas las medidas de protección que
sean necesarias en cada caso, o bien, si fuese necesario, descartar los
proyectos que ofrezcan riesgos para el medio ambiente".
Asimismo, el Gobierno argumenta que la normativa estatal es
conforme con la normativa de la Unión Europea en la cual no se prohíbe
esta técnica de explotación de gas no convencional. Es más, recuerda que
la Comisión Europea ha adoptado esta misma semana, el pasado 22 de
enero, una recomendación que establece los principios a aplicar por los
Estados con objeto de garantizar una protección adecuada del medio
ambiente y el clima en lo que respecta a la técnica de fracturación
hidráulica de alto volumen (fracking) utilizada en particular en las
operaciones con gas de esquisto o no convencional.
Y añade que en el caso de España, la normativa vigente ya
prevé la realización de evaluaciones de impacto ambiental que den
cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión.
El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria ,
Javier Fernández, ha convocado de urgencia una rueda de prensa para
valorar la decisión del Gobierno central. El titular de Medio Ambiente
tiene pendiente además una comparecencia en el Pleno del Parlamento,
solicitada por el PP, que se celebrará en cuanto la Cámara retome el
periodo de sesiones.
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