Las familias que han perdido su casa porque han sido desahuciadas y
se encuentran en riesgo de exclusión podrán solicitar, hasta el 31 de
enero, una de las 24 viviendas en alquiler para emergencia social que
pone a su disposición el Gobierno de Cantabria.
Además el Gobierno
asesorará, a través de la red de oficinas municipales de información a
las consumidores (OMIC) de Cantabria, a los afectados por procedimientos
de desahucio para que conozcan los decretos que ha aprobado el
Ejecutivo central y cómo puedan negociar con las entidades bancarias
para tratar de evitar la pérdida de su vivienda.
Son las dos
medidas que ha tomado el Gobierno regional para ayudar a las familias en
riesgo de exclusión social por no poder hacer frente a su hipoteca,
según ha informado, en rueda de prensa, el consejero de Obras Públicas y
Vivienda, Francisco Rodríguez.
En noviembre ya se publicó en el
Boletín Oficial de Cantabria una orden para poner a disposición de los
afectados las 24 viviendas en alquiler.
El consejero ha dado a
conocer hoy los criterios con los que se adjudicarán y el plazo para
poder optar a estas casas propiedad del Gobierno, que están repartidas
por ocho municipios de la región. Las solicitudes deberán ser
presentadas en la Dirección General de Vivienda, situada en el número 53
de la calle Vargas de Santander.
Los adjudicatarios pagarán un
alquiler de entre 150 y 220 euros mensuales y en principio podrán
quedarse en la vivienda un año, un plazo que podría ampliarse si en ese
tiempo no han conseguido salir de la situación de emergencia en que se
encontraban cuando accedieron a ella.
Están repartidas entre
Santander (8), Torrelavega (5), Los Corrales de Buelna (4), Unquera (3),
Cabezón de la Sal (1), Reinosa (1), Castro Urdiales (1) y Puente Viesgo
(1).
El Gobierno ya difundió los requisitos la semana pasada
entre los alcaldes de estos municipios, las OMIC y el Instituto Cántabro
de Servicios Sociales para que hagan llegar la información a los
posibles adjudicatarios.
En todos los casos, deberán ser familias
que hayan sido desahuciadas por vía judicial o extrajudicial de su única
vivienda a partir del 1 de enero de 2010 y que no se hayan acogido a la
dación en pago, ya que en esa caso tendrían saldada su deuda con el
banco.
Se destinarán exclusivamente a familias cuyos ingresos no
superen el doble del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM). El consejero ha apuntado que esto se traduce en un máximo de
1.500 euros netos al mes para una unidad familiar de cuatro miembros.
Si
las peticiones superan el número de viviendas disponibles se dará
preferencia a las familias numerosas, las monoparentales con hijos,
aquellas con al menos un hijo de menos de tres años o que tengan alguno
de sus miembros con incapacidad permanente absoluta.
También
tendrán preferencia las familias en las que exista una víctima de
violencia de género, siempre que la vivienda sea su domicilio habitual.
La
otra acción que emprenderá el Gobierno ante "el problema acuciante" de
los desahucios es el asesoramiento a través de las doce OMIC de
Cantabria, con la colaboración de la Dirección General de Consumo y de
la Asociación de Mediación de Cantabria.
Los encargados de las
OMIC han recibido la información básica para poder atender a quienes
acudan a estas oficinas y serán asesorados de forma permanente por la
asociación, que dará un servicio personalizado en aquellos casos en que
sea necesario. Con ese objetivo, se ha firmado un contrato por importe
de 18.000 euros.
Los municipios que cuentan con una oficina de
información al consumidor son Astillero, Camargo, Castro Urdiales,
Colindres, Laredo, Medio Cudeyo, Reinosa, Reocín, Santander, Santoña,
Suances y Torrelavega.
Francisco Rodríguez ha afirmado que el
Gobierno regional ha puesto en funcionamiento "lo más rápidamente
posible" este servicio de información, que asesorará sobre las medidas
contenidas en el decreto contra los desahucios y el de buenas prácticas
bancarias del Ejecutivo nacional.
Según los datos del Consejo
General del Poder Judicial, que se refieren solo a los procesos
judiciales y no a los extrajudiciales, en Cantabria se han producido
1.992 desahucios entre enero de 2010 y el tercer trimestre de 2012: 709
en 2010, 691 en 2011 y 592 hasta septiembre del año pasado.
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