La Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria ha
recibido con "cautela y satisfacción contenida la ley que prohíbe usar
esta técnica en la región porque desconfía de que sea el "carpetazo
final" y piensa que la única forma de zanjarlo definitivamente es
derogar los permisos en vigor.
De hecho, el colectivo seguirá "trabajando" para conseguir
esa derogación y reivindica además al Gobierno cántabro y a los grupos
parlamentarios que "presionen" a sus respectivos partidos en el ámbito
nacional para que se promueva una ley estatal contra la fractura
hidráulica y se anulen todos los permisos concedidos.
No en vano, una de sus preocupaciones es que la ley
cántabra pueda ser recurrida a nivel nacional, dada la defensa que hace
el Ministerio de Industria de esta técnica.
César Díaz y Humberto García, integrantes de la Asamblea,
se han pronunciado hoy así en rueda de prensa tras aprobarse ayer en el
Parlamento regional la ley que prohíbe utilizar la fractura hidráulica o
'fracking' para buscar o extraer gas no convencional en territorio
cántabro.
En palabras de Díaz, el "mérito" de esta ley es de la
población cántabra, los mismos ciudadanos a los que llaman a no caer en
el "triunfalismo" y mantener las "cautelas" porque, según dice, ésta no
es la ley que los colectivos sociales reclamaban.
Y es que, Díaz ha lamentado que es una prohibición
"temporal", con "posible caducidad", porque la norma se aplicará
mientras no se despejen las incógnitas que genera esta técnica.
Además, en el texto se habla del riesgo de contaminación
para los acuíferos, pero no de otros riesgos que, según la Asamblea,
también existen, y se preguntan por qué no se han recogido expresamente
en la norma.
A esto se añaden las "dudas" sobre la posición del Gobierno
de Cantabria , porque no tienen claro que su "voluntad" contra la
fractura hidráulica sea "tan firme como pregonan".
En este sentido, Díaz ha criticado que desde que el
Ejecutivo regional anunció hace seis meses su voluntad de prohibir esta
técnica "no ha dado un solo paso" para derogar el permiso Arquetu, el
único de competencia autonómica.
El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Urbanismo, Javier Fernández, afirmó ayer en el Pleno del Parlamento que
ese permiso está suspendido y pendiente de resolverse un recurso de
alzada.
Pero la Asamblea contra la Fractura Hidráulica quiere que
se vaya más allá y se derogue para lo cual, sostiene que basta aceptar
las alegaciones presentadas y no habría que indemnizar a las empresas.
García ha subrayado que la derogación de los permisos es
"la única fórmula para zanjar este asunto definitivamente" y ha animado a
los cántabros a "mantener la alerta".
Según dice, si los políticos solo pretenden con esta ley
esperar a que "amaine el temporal", los ciudadanos saldrán "en
chaparrón" para impedir que se utilice la fractura hidráulica.
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