Solo tres ayuntamientos cántabros se han adherido al Fondo Social de Vivienda, que cuenta con 32 pisos en la región

Sólo tres de los 102 ayuntamientos de Cantabria -Santander, Torrelavega y Cabezón de la Sal- se han adherido al Fondo Social de Vivienda a fecha 28 de marzo, según datos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que recoge Europa Press. El fondo cuenta en la región con 32 viviendas destinadas al alquiler, aportadas por seis entidades bancarias y repartidas por siete municipios.

A estos alojamientos pueden acceder personas desalojadas de su primera vivienda a partir del 1 de enero de 2008 y que se encuentren en situación de especial de vulnerabilidad social. De las 32 viviendas de Cantabria incluidas en el Fondo Social, 18 están ubicadas en Santander; ocho en Torrelavega; dos en Santoña; y una en Bárcena de Cicero, Noja, Piélagos y Reocín.

Por entidades bancarias, 19 son de Liberbank (Caja Cantabria); cinco del BBVA; cuatro del Banco Santander; dos del Banco Español de Crédito; una de Kutxabank y una de Barclays Bank.

La FEMP suscribió el pasado 17 de enero con varios Ministerios, el Banco de España, entidades financieras y la plataforma del Tercer Sector, un convenio para facilitar el acceso a viviendas a las personas afectadas por desahucios.

Un total de 232 entidades locales se han sumado al Fondo Social de Vivienda en el conjunto del país. Cataluña, con 57 ayuntamientos, Comunidad Valenciana con 39, Madrid, con 29 y Andalucía con 19, son las autonomías que cuentan con un mayor número de municipios adheridos hasta la fecha.

DE LA SERNA: MISIÓN "MAS SOCIAL"

La FEMP destaca que los servicios sociales municipales de los Ayuntamientos o Diputaciones "adquieren un especial protagonismo en el proceso de adjudicación de las viviendas puesto que son los responsables de valorar la situación y el riesgo social de los solicitantes".

De hecho, los servicios sociales de Ayuntamientos y Diputaciones adheridos son los encargados de emitir, a petición de la entidad de crédito, un informe sobre la necesidad o riesgo social del solicitante de la vivienda, con el objetivo de priorizar la adjudicación de viviendas entre los demandantes.

El presidente de la FEMP y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, ha destacado este hecho, por tratarse de la misión "más social" del procedimiento previsto. Asimismo, anima a los municipios a seguir adhiriéndose a este convenio para, de esta forma, participar de manera activa y contribuir a paliar el drama que sufren muchas familias desalojadas de sus viviendas.

En total, la población representada por todas las Entidades Locales apuntadas al Fondo se acerca a los 16 millones de habitantes. Según los datos de que dispone la FEMP, ya hay otra treintena de municipios que han anunciado su incorporación a esta iniciativa, a la espera de que lo aprueben los plenos de sus respectivos Ayuntamientos.

El fondo cuenta con un total de 5.891 viviendas destinadas al alquiler, aportadas por 33 entidades financieras y repartidas en unos 900 municipios de toda España. A estos alojamientos pueden acceder personas desalojadas de su primera vivienda a partir del 1 de enero de 2008 y que se encuentren en situación de especial de vulnerabilidad social.

El mayor número municipios adheridos hasta la fecha están ubicados en Cataluña (57), la Comunidad Valenciana (39), Madrid (29) y Andalucía (19). Entre ellas figuran capitales de provincia como Granada, Málaga, Huesca, Oviedo, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Burgos, León, Salamanca, Soria, Valladolid, Ciudad Real, Toledo, Barcelona, Tarragona, Alicante, A Coruña, Palma de Mallorca y Madrid.

También figuran grandes municipios como El Ejido, Gijón, Hospitalet, Santa Coloma, Reus, Alcoy, Benidorm, Elche, Santiago de Compostela, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Torrejón de Ardoz, Irún o Molina de Segura, entre otros; además de las Diputaciones Provinciales de Soria y Ourense.

No todas las Entidades Locales apuntadas corresponden a municipios de gran tamaño poblacional, también los hay medianos o pequeños, como Bornos (Cádiz), Vélez Málaga, Jaca (Huesca), Velilla de Ebro (Zaragoza), Tacoronte (Tenerife), Villanueva de Duero (Valladolid), Benavente (Zamora), San Clemente (Cuenca), Carranque (Toledo), Salt (Girona), Masquefa (Barcelona), Sant Mateu (Castellón), Silla (Valencia), Curtis ( A Coruña), Uruñuela (La Rioja), Loeches (Madrid), Barañain (Navarra) o Archena (Murcia), entre otros muchos.

Las Entidades Locales tienen que aprobar su adhesión en el Pleno de la Corporación o de la Junta de Gobierno Local, que se formaliza con la suscripción por el Alcalde/Presidente del protocolo que figura en el Anexo del Convenio. Dicho protocolo se envía a la FEMP, que se encarga de trasladarlo a la Comisión encargada de la coordinación y seguimiento de las actuaciones contempladas en el acuerdo.

Precisamente, este jueves se reúne dicha Comisión para evaluar los avances que se han producido desde que se firmara el Convenio.