La nefasta gestión del Parque Natural de Oyambre

Más de 25 años han transcurrido desde que se creara el Parque natural de Oyambre. Y desde entonces el proceso de degradación de este espacio protegido no ha dejado de manifestarse como resultado de su nefasta gestión a pesar de las numerosas denuncias, concentraciones, campañas y escritos de organizaciones en defensa del medio ambiente y de los propios vecinos afectados que, simultáneamente, han venido presentando alegaciones, propuestas y requerimientos para el desarrollo de la propia normativa del Parque y el cumplimiento de las sentencias contrarias a los impactos y agresiones que se han venido produciendo en distintos lugares de su interior sin haber recibido respuesta alguna.

    La síntesis de este balance –del que son responsables la Consejería de Agricultura y la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza con competencias directas, el resto de las Consejerías, Ayuntamientos y Demarcación de Costas presentes en el Patronato, en sus capítulos más concretos– no puede ser más desastrosa y  desesperanzadora: No se ha elaborado un régimen de  subvenciones y ayudas a vecinos y municipios del Area de Influencia Socioeconómica con programas específicos para crear empleo, investigadores, guardería y guías con convocatorias públicas, mejorar  equipamientos, servicios e infraestructuras, modernizar con aprovechamientos sostenibles las actividades agroganaderas, pesqueras y forestales, o implantar industrias de transformación con tecnologías blandas y Marca de Calidad del espacio protegido; se ha autorizado el arranque de los campos de algas,  se destruyen los hábitats de las especies marinas, se impide su capacidad de regeneracion natural y se discrimina a los recogedores tradicionales de las algas de arribazón;  se han opuesto a la declaración de Area Marina Protegida a la franja litoral del Parque; se ha ignorado un Plan de Corrección y Rehabilitación de impactos ambientales y sobre el paisaje con retranqueos generalizados de instalaciones e infraestructuras en la franja marítimo-terrestre o aquellas áreas expuestas a la subida del nivel del mar y los efectos del cambio climático; se siguen tolerando vertidos, desecaciones y ocupaciones privadas  en arroyos y zonas húmedas en torno al aparcamiento de Oyambre y las marismas de Los Llaos y Merón y se mantienen los recursos ante el Supremo para construir unas variantes que están causando ya daños irreversibles; o se mantiene el uso deportivo del golf de Oyambre en vez de devolverlo a la titularidad pública, restituir el sistema dunar a su estado natural y protegerlo mediante el desmantelamiento urgente del dique de la marisma de Zapedo y el arroyo Capitán, tal como se ha vuelto a reclamar particularmente en la concentración del pasado sábado;

      Por otra parte, se continúa aplazando indefinidamente  la ejecución de las sentencias firmes sobre el desmantelamiento de la escollera del Pájaro Amarillo,  el camping de El Rosal, el Polideportivo de San Vicente, la regeneración de las infraestructuras de la ilegal urbanización de Santa Marina o la  eliminación de las plantaciones de eucaliptos en las marismas de Zapedo, la Rabia, Pombo y Rubín; se consiente e impulsa la degradación urbanística, ambiental y del paisaje en San Vicente de la Barquera con las elevadas densidades de viviendas en los escenarios más frágiles de la villa y su entorno, con la consolidación del macroparcamiento de La Barquera, las viviendas de La Argolla y el hacinamiento residencial de Las Tenerías y Las Calzadas, con los proyectos inmobiliarios sobre el solar de Albo, y con la construcción del nuevo puerto deportivo en el interior de la ría, entre  otros impactos; se tolera el abandono de relevantes testimonios del patrimonio Cultural como la Casa del Pozo o el Lazareto de Abaño; y se deteriora  progresivamente el patrimonio Natural del Monte Corona con las plantaciones masivas e indiscriminadas de pinos y eucaliptos o las talas a matarrasa.

 Pero si graves son estos testimonios sobre la devaluación de los atractivos económicos, turísticos, ambientales y paisajísticos de Oyambre más condenable es todavía el grado de inseguridad jurídica, la falta de diálogo y el desprecio a los procedimientos básicos y elementales de participación ciudadana de un régimen democrático y un Estado de Derecho que representa el hecho de no haberse convocado desde hace más de dos años el Patronato del Parque en abierto desafio a las leyes que establecen la obligatoriedad de  informar preceptivamente “las disposiciones normativas que afectan al ámbito de la Ley4/1988, para proponer, en su caso, las medidas que considere oportunas para la conservación, mejora y conocimiento del Parque Natural y para el desarrollo económico y social de la zona, dentro, también, entre otras funciones regladas,  de informar preceptivamente sobre cualquier clase de actuaciones, trabajos, obras,. aprovechamientos, planes de investigación, inversiones territoriales y urbanísticas,  o formación y revisión de los instrumentos de planeamiento urbanístico de los municipios que forman parte del Parque Natural”.

   Funciones de las que ha sido marginado el Patronato  convertido en mudo testigo de la desgobernación del Parque para que las distintas Administraciones implicadas –Consejerías, Ayuntamientos y Ministerios– tengan las manos libres en la elaboración de leyes –algunas tan relevantes como los instrumentos de planeamiento que pretenden aprobar los Ayuntamientos de Comillas, Valdáliga o San Vicente de la Barquera o el impacto de las modificaciones de la Ley del Suelo, el Plan de Ordenación del Litoral o la mayor “flexibilidad” en las construcciones en suelo rústico– y el reparto arbitrario de partidas presupuestarias. Razones suficientes para requerir la intervención de la Fiscalía del TSJC, anular las decisiones tomadas por los gravísimos vicios de procedimiento, y retrotraer a sus inicios cuantas actuaciones se hayan desarrollado sin haberse cumplido la normativa vigente.

Por: Emilio Carrera.