Denuncias sobre recalificaciones urbanísticas en Oyambre-Comillas

El representante de los grupos ecologistas y conservacionistas de Cantabria en el Patronato del Parque de Oyambre, Emilio Carrera, ha denunciado el acuerdo adoptado por unanimidad de la corporación municipal del Ayuntamiento de Comillas (PRC-PSOE y PP) que aprobó el pasado 3 de Diciembre la modificación puntual nº3 del Plan General de Ordenación Urbana de la localidad (PGOU), cuyo objetivo es ampliar los límites de suelo urbano en los núcleos rurales de Trasvía, Rubárcena, Rioturbio y Araos, pertenecientes al parque natural de Oyambre al calificar como urbanas varias parcelas rústicas del espacio protegido. Medida que "aunque se han podido salvar menos fincas de las que le habría gustado", supone, según la alcaldesa, avanzar en un proceso de “largo recorrido” que el Ayuntamiento viene tramitando desde diciembre de 2008 secundando las peticiones de varios vecinos que quieren que sus parcelas de suelo rústico se califiquen como urbanas para poder venderlas o construir en ellas. Todo conforme a las directrices marcadas por la Consejería de Medio Ambiente y la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo para convertir los terrenos rústicos en urbanizables de forma indiscriminada en áreas rurales, periferias urbanas y espacios protegidos sin evaluar los riesgos de una nueva burbuja inmobiliaria, la desarticulación territorial y los impactos ecológicos y sociales que pueden traer consigo.

La denuncia presentada por el representante de los ecologistas será remitida al Ayuntamiento de Comillas, a la Consejería de Agricultura y la Dirección del Parque, y a la Fiscalía del TSJC al considerar que el acuerdo no ha recibido el informe preceptivo del Patronato –que sigue sin convocarse en los términos que la Ley determina y bloquea las leyes y directivas de participación social en la gestión ambiental–, transgrede los principios del Plan de Ordenación del Litoral y la Ley de Costas, no respeta los criterios de protección del paisaje y la excepcionalidad ambiental de las áreas afectadas –uno de los escenarios más valiosos y singulares de la costa cantábrica donde se combinan la calidad, continuidad y profundidad de sus horizontes con variados testimonios muy bien conservados del Patrimonio Natural y Etnográfico de las Culturas Rurales–, acentúa el carácter disperso de las iniciativas urbanizadoras y los asentamientos residenciales, encarece las infraestructuras, equipamientos y servicios de la Administración Pública a los posibles usuarios, devalúa los atractivos turísticos del propio Parque, y sigue sin reclamar el desarrollo de las ayudas, subvenciones o compensaciones que la declaración de Parque debería suponer para los municipios y propietarios afectados por las restricciones que pudieran adoptarse para la salvaguarda de los valores del Parque natural mediante una generosa dotación presupuestaria del área de Influencia Socioeconómica, el aprovechamiento y transformación sostenibles de los recursos agroganaderos, forestales y pesqueros, la diversificación productiva con marca de rigen al margen del cultivo del ladrillo, la realización de permutas u operaciones de de intercambio y compra-venta con otros terrenos situados fuera del espacio protegido, o la adquisición directa por parte de las Administraciones Públicas –Costas, Consejería o Ayuntamiento– y la aplicación de los derechos de retracto para evitar la especulación, los cambios de usos o las recalificaciones urbanísticas.

Emilio Carrera.