El representante de los grupos ecologistas y conservacionistas de Cantabria en el Patronato del Parque Natural de Oyambre, Emilio Carrera, ha vuelto a denunciar ante las Consejería de Ganadería y Medio Ambiente, la Demarcación de Costas, la Confederación Hidrográfica, el Ayuntamiento de Valdáliga, el SEPRONA y la Fiscalía, nuevas agresiones ambientales en el espacio protegido y, concretamente, en el entorno de los accesos a la playa y la desembocadura del arroyo de Los Llaos donde se está utilizando maquinaria pesada y realizando dragados del cauce sin haberse hecho estudios de impacto ambiental y sin la obligada información que, según la ley y las propias disposiciones reglamentarias en la gestión del parque, debe facilitar a los miembros del órgano consultivo para emitir informe preceptivo sobre el alcance y objetivos concretos del proyecto y las inversiones que se pretendan ejecutar.
El representante de los grupos en defensa de la naturaleza y
ecologistas –que vienen denunciando la situación de progresivo abandono y
degradación del Parque sin que las autoridades competentes den
respuesta alguna ni a sus requerimientos ni ante los Tribunales–,
recuerda que el lugar afectado al que se refiere en esta ocasión está
pendiente de un recurso ante el Tribunal Supremo por parte del Gobierno
de Cantabria después de la sentencia del TSJC contraria a la variante
de Oyambre y de la resolución de un expediente del propio Gobierno de
Cantabria al Ayuntamiento de Valdáliga por la utilización de maquinaria
pesada en el mismo lugar el pasado mes de Julio, lo que encierra una
evidente contradicción y temeridad ante la conclusión de un
procedimiento que deberá concluir en la restauración del ecosistema y,
en cualquier caso, obligará a replantear las actuaciones que ahora se
están acometiendo y los impactos que pueden haberse causado en la fauna,
la flora y el paisaje del lugar con los gastos añadidos consiguientes.
Por otra parte, el pretendido saneamiento de vertidos al arroyo ha
traído consigo una remoción de los fangos, la contaminación de la playa y
una alteración de la dinámica fluvial e intermareal, en vez
de resolverse definitivamente eliminado en origen los focos de emisión y
vertido –y que se han aplazado indefinidamente a pesar de los
requerimientos que se han hecho– mediante la supresión de los
asentamientos y ocupaciones ilegales de la franja marítimo-terrestre y
de los rellenos de las zonas húmedas adyacentes en la marisma de Los
Llaos y el borde litoral por garitos, tejavanas y campings, además de
proceder al retranqueo del aparcamiento y su localización más respetuosa
hacia el interior para privilegiar los accesos peatonales, la
prolongación y fortalecimiento del campo dunar frenando su destrucción
progresiva, y el restablecimiento de la conexión directa del arroyo de
Los Llaos con la marisma interior con el desvío de la circulación por la
red de caminos rurales que enlazan con Rodero y la carretera de Gerra.
Una actuación que Emilio Carrera califica no sólo como inoportuna y
pendiente de la resolución judicial y el expediente citados, sino
también ajena a las auténticas prioridades en los ámbitos más cercanos
que siguen pendientes de la regeneración de las marismas de Zapedo y La
Rabia, el desmantelamiento de los diques, el cumplimiento de las
sentencias sobre el desmantelamiento de la escollera del Pájaro Amarillo
y sobre el campo de golf con la restauración y naturalización del
sistema dunar y la recuperación de la titularidad pública, la apertura
de mayores luces en el Puente Republicano de la carretera de Rioturbio, y
la corrección de los impactos sobre el paisaje en los puentes y bordes
de la carretera entre Comillas y La Revilla, la supresión de las
plantaciones de eucaliptos en dirección al cabo..., entre otras
iniciativas y al margen de las numerosas actuaciones pendientes para
corregir las numerosas agresiones que se están produciendo en el entorno
de San Vicente de la Barquera y el Monte Corona.
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