La política ambiental y los programas electorales

Si España –y Cantabria en particular– no ha destacado precisamente por cumplir la normativa comunitaria de carácter ambiental –y ahí está su record de infracciones en las últimas décadas respecto a una U.E. que no es, desde luego, tampoco demasiado exigente en el tema–, lo que viene ocurriendo desde la crisis de 2008 lleva camino de confirmar a las políticas ambientales como unos floreros o decorados ecológicos –veánse si no los contenidos de los programas electorales o, todavía más triste, la falta de preocupación real  en los llamados partidos emergentes– con escenografías verdes o comedias de voluntariado ambiental y actividades de terapia ocupacional –sin preguntarse por las causas y responsables de problemas ambientales como la degradación de los hábitats, la falta de empleo verde, las grandes limitaciones de plantillas e inversiones en espacios protegidos o proyectos de restauración, la reconversión ecológica de los procesos productivos y la construcción de infraestructuras...– sobre la introducción de plantas exóticas, la colocación de cajas-nido, las trampas para sedimentos, el arreglo de abrevaderos, las talas y "aclarados" en los bosques autóctonos o la gestión fantasma de los Parques Naturales..

   Peor todavía: la crisis –que, no lo olvidemos, forma parte de una crisis ecológica planetaria provocada por el capitalismo más depredador y un aprovechamiento intensivo de recursos que no tiene en cuenta los límites físicos de la producción y el consumo en su afán por obtener el máximo beneficio en el menor tiempo posible aún a costa de alterar los equlibrios ecológicos básicos– viene, también, utilizándose como pretexto para hacer cada vez más incompatible el desarrollo económico –que se antepone como prioritario sin preguntarse tampoco sobre la distribución de sus riquezas o la satisfacción de necesidades elementales– con el respeto y la conservación del medio ambiente, que debe sacrificarse en el altar de estos filántropos del crecimiento ilimitado y la explotación indiscriminada de recursos y personas –aunque lo sea, sobre todo, en beneficio de élites y patrimonios particulares– y la ciega confianza en que la ciencia y la técnica –cuando no la Providencia divina– acabará resolviendo los conflictos y desequilibrios que esta filosofía pueda provocar en la Tierra y las especies que lo habitan, mientras la propaganda –y ya no la de instituciones o partidos más o menos mayoritarios sino la de aquellos, sospechosamente apolíticos,  cada vez más complacientes con los poderes  establecidos– sigue  ignorando la interacción entre las respuestas locales y globales  o sustituyendo la visión integral y efectiva de la “protección del espacio” por el marketing de los “espacios protegidos”, cada vez más degradados, compartimentados y aislados o pésimamente gestionados, que no hacen más que distraer y despilfarrar dineros para mayor gloria de las autoridades incompetentes.

    De ahí la necesidad urgente de 4 ejes de actuación: El primero, la economía y la filosofía verdes o ecológicas –dos disciplinas de dialécticas imprescindibles para contrarrestar la especulación, el despilfarro, las burbujas, la ingeniería financiera y el desprecio a las externalidades– en las políticas de desarrollo sostenible con el decrecimiento en aquellos ámbitos o sectores más amenazados por el deterioro o la incertidumbre ambiental, exenciones tributarias para conductas o procesos respetuosos con el medio ambiente,  la cuantificación de la huella y la deuda ecológicas, y la supresión del dumping sociolaboral y ambiental;  con la calidad de vida–o a la búsqueda de la felicidad si se quiere– sobre la cantidad de bienes o ingresos y rentas disponibles;  con empleo estable y lucha contra el intercambio desigual –sobre todo el que provoca  la degradación ambiental a escala universal–; con visiones a largo plazo en las relaciones  causa-efecto del hombre con el medio; con la resiliencia o capacidad de amortiguar los impactos y recuperar los equilibrios ecológicos en todos los sectores productivos con especial atención al cambio climático y por la descarbonización, la desnuclearización y el desarme; y con la aplicación de las 5 Erres en el aprovechamiento de los recursos reemplazando  las sustancias no biodegradables o imposibles de reintroducir en los ciclos naturales, reduciendo subproductos, envases, rechazos o residuos, reutilizando los bienes existentes frente a la obsolescencia programada, reciclando para los mismos fines las recogidas selectivas, y recuperando para otros usos o procesos el resto de los residuos.

   En segundo lugar, las políticas institucionales de ordenación territorial y planificación urbana – por ejemplo, los PROT y los PORN en Cantabria–,  donde se garantice la localización  respetuosa de usos y actividades, el soleamiento, el transporte público y la reducción de la movilidad obligada con el freno al crecimiento urbano en mancha de aceite y a asentamientos de nueva planta en vez de fortalecer los núcleos compactos y evitar la dispersión y encarecimiento de infraestructuras, equipamientos, servicios y desplazamientos con el consumo incesante de suelos, paisajes, energía y recursos; donde se protejan, de forma estricta vegas, mieses, tierras agrícolas. la soberanía alimentaria y el desarrollo endógeno con prácticas ecológicas, tecnologías blandas, respeto a la biodiversidad, reforestaciones autóctonas, naturalización de ecosistemas fluviales,  bordes litorales y océanos, servidumbres en pasillos y corredores  ecológicos...; donde el ahorro y la eficiencia energética, las energías renovables, y  la I+D+i se apliquen a la industria, otorguen preferencia al ferrocarril –que no al AVE–, los carriles-bici y los itinerarios peatonales  e impulsen la la rehabilitación, la impermeabilización y la arquitectura bioclimática; donde se establezca la prevención de impactos y mapas de riesgos frente a catástrofes o accidentes; y donde las Leyes Generales de Medio Ambiente condicionen las sectoriales o impregnen las normas sobre Suelo, Carreteras, Energía, Montes, Aguas, Costas, Minas, Paisaje, Residuos..., con la unificación, clarificación o coordinación de competencias ambientales para hacer más eficaces las inversiones públicas y privadas.

   En tercer lugar, la legislación y la justicia ecológica deben facilitar las acusaciones populares y generalizar las actuaciones de oficio de los fiscales especializados en medio ambiente, una mejor y más amplia tipificación de los delitos ecológicos, la obligatoriedad de normativa sobre trazabilidad, composición y efectos secundarios de alimentos y bienes de consumo, la supresión de la figura del “delito sin delincuente” que hace responsables a las instituciones ­–el vergonzoso caso, por ejemplo, de las sentencias de derribo en Cantabria– sin que se condene o impongan indemnizaciones económicas a los políticos o técnicos que las gestionan, y el aumento de penas y sanciones por contaminación transfronteriza o por los incumplimientos de los convenios internacionales sobre protección del medio ambiente

   Y el cuarto eje  es el de la educación ambiental y la impregnación transversal del curriculum con el concepto de sostenibilidad en todos los niveles de enseñanza y asignaturas específicas en los estudios de humanidades o sociales, técnico-científicos, ingenieriles o de ciencia básica; con la crítica a las implicaciones ecológicas del consumismo y la confusión entre el ser y el tener, la calidad y la cantidad, o la felicidad y el consumismo; con la adquisición de una conciencia planetaria y solidaria en la lucha contra la pobreza y la deuda externa; y con la relación entre las conductas cotidianas o el diseño mismo de los edificios y la organización y el funcionamento de las instalaciones escolares o académicas a la hora de lograr la mayor ejemplaridad en la propia educación ambiental. 

Emilio Carrera. Miembro de Ecologistas en Acción.