La alcaldesa de Cabezón de la Sal, Isabel Fernández (PSOE), ha
desvelado este jueves en una rueda de prensa «la pérdida del rastro de
1.690.000 euros (el 20% del presupuesto) de las arcas municipales»
durante la legislatura de la anterior regidora, la popular Esther
Merino. Fernández ha informado de que ha iniciado una investigación al
respecto después de que el Tribunal de Cuentas haya requerido al
Ayuntamiento una justificación de este gasto, «tras detectar
irregularidades en la rendición de cuentas del año 2013». Por su parte,
Merino tiene claro que se trata de «una discrepancia» respecto a una
partida presupuestaria, de la que –dice– la actual alcaldesa tiene
conocimiento y documentación, y acusa a su sucesora en el cargo de estar
realizando una «maniobra electoral».
Isabel Fernández ha dirigido sus acusaciones a la aspirante al Senado
por el PP en Cantabria al no poder justificar al Tribunal de Cuentas
las partidas en que se ha invertido este dinero, ya que, dice, «toda la
documentación que nos ha solicitado la entidad ha desaparecido del
Ayuntamiento». Es más, la regidora explica que «los requerimientos del
Tribunal de Cuentas se refieren a seis expedientes de gasto que han
desaparecido, uno de ellos por importe de 1.600.000 euros y otros cinco
por una cuantía global de 90.000, todos ellos referidos al ejercicio
2013», concreta. Sobre estos documentos, incide, «el Tribunal de Cuentas
ya requirió al Ayuntamiento su justificación en 2014 durante el mandato
de Merino, algo que intentó justificar poco después siendo rechazados
sus argumentos, hasta que hace unas semanas el Consistorio recibió un
nuevo requerimiento sobre el mismo asunto».
La alcaldesa insiste en que «he solicitado informes tanto a la interventora del Ayuntamiento como a la tesorera y la respuesta ha sido que desconocen a qué se deben estos gastos», de lo que afirma, «se deriva la imposibilidad de aportar los expedientes al Tribunal de Cuentas». Al principio, reconoció Fernández, «pensé que era un error, pero luego vimos que se había solicitado una justificación en el año 2014 que luego el Tribunal de Cuentas no dio por válida».
Según el convenio, el contrato repercutiría en el Ayuntamiento con 200.000 euros anuales. Con respecto a los 90.000 euros restantes a los que alude la alcaldesa, Merino relató que tienen que ver «con procesos judiciales de ese año, por lo que no estaban presupuestados con carácter previo». Concretamente, dijo, «están relacionados con el contencioso que hubo con los cuatro trabajadores del Programa Escaramujo, que no era sostenible y quisimos reducir». El Ayuntamiento perdió entonces ese proceso judicial. Las indemnizaciones y gastos asociados «repercutieron en esa cifra», ha asegurado Merino.
En resumen, la exalcaldesa ha dicho estar «muy tranquila con este tema, ya que no hay nada, más allá de una discrepancia a la hora de valorar una partida presupuestaria, que en realidad es un plurianual de ocho años, y esos gastos no presupuestados en un proceso judicial». En todo caso, la popular ha ido más allá y ha explicado que «aquí la cuestión no tiene tanto que ver con dónde está el dinero, que ya está aclarado, ya que la alcaldesa sabe perfectamente que se ha informado al Tribunal de Cuentas». Conoce, ha dicho la popular, «toda la documentación que se ha enviado, las fechas y los argumentos esgrimidos, porque así se lo ha informado la interventora», por lo que Merino alude a una «maniobra de época electoral».
En el año 2011, recuerda la popular, «la ahora alcaldesa empapeló Cabezón de la Sal con escritos diciendo que yo optaba a la Alcaldía para así tener un puesto de trabajo» y en 2015, «optó por la vía penal por no cumplir con la Ley de Memoria Histórica, algo que luego desestimaron los Tribunales», insistió. Por todo ello, concluyó la exalcaldesa popular, «los vecinos de Cabezón de la Sal pueden estar muy tranquilos en lo que a mi gestión y a la de mi equipo se refiere».
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