La aprobación del PORN de Oyambre si ya ha supuesto un lastre en su propio contenido tal como denunciáramos –por la inseguridad juridical y ambiental que encierra y sobre lo que los Tribunales tendrán oportunidad de añadir nuevos pronunciamientos y sentencias–, también ha empezado a ser cómplice en su gestión concreta del desafío a los criterios elementales del tratamiento que debería merecer un Parque Natural.
Y, por ello, con el hastío que supone volver sobre lo mismo, he aquí tres perlas recientes que añadir a este muestrario de despropósitos:
En primer lugar, el asfaltado innecesario y agresivo de un camino rural dentro del Parque entre Trasvía y El Remanse en un lugar particularmente frágil que había conservado los valores naturales de un paisaje, apenas alterado por algunos actuaciones aisladas de urbanización a las que parecen haberse rendido ahora los responsables del Ayuntamiento de Comillas y la depredadora Consejería de Obras Públicas con la complicidad e inhibición de la Consejería de Desarrollo Rural que han acometido la obra sin proyecto previo, sin acuerdo municipal alguno, sin información pública de ninguna clase –ni a los vecinos del lugar, ni a los afectados más próximos, ni al Patronato–, sin evaluación de impacto ambiental, y sin consideración alguna sobre linderos, anchuras, drenajes, materiales adecuados o integración en paraje tan delicado.
En segundo lugar, la constatación de la falta de transparencia sobre las circunstancias en que se han adjudicado las plazas de guías y personal laboral en el Parque de Oyambre que no han sido hechas públicas ni comunicadas a los miembros del Patronato ni a los aspirantes que, en su momento, optaron a ellas; que no se han traducido en las puntuaciones pormenorizadas de los distintos apartados que, supuestamente, iban a ser considerados en los curriculums presentados; y que no han dado la oportunidad concreta a los rechazados de recurrir al tribunal, a los procedimientos y a los plazos oportunos para, en su caso, realizar las reclamaciones o impugnaciones correspondientes a un Estado de Derecho y a unas convocatorias de empleo público que se les supone basadas en los principios de igualdad de oportunidades, mérito, capacidad y publicidad.
Y, en tercer lugar, la aprobación por el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera del levantamiento de la suspensión de licencias para la zona del barrio de la Barquera, en la que se contemplaba una unidad de actuación con un mínimo de racionalidad urbanística para dotar de equipamientos marinos y establecer los perímetros de protección adecuados en torno al Santuario de la Virgen de la Barquera y las fábricas de conservas de Ortiz y Albo, y que va contribuir, aún más, a degradar un escenario fundamental de la imagen de la villa donde la especulación inmobiliaria, el hacinamiento urbanístico y los destrozos paisajísticos no cesan de causar estragos camino, eso sí, de un Centro de Interpretación en el Faro que servirá, sin duda, de itinerario didáctico para los cada vez más estupefactos turistas y visitantes de un espacio supuestamente protegido
Emilio Carrera. Representante de los grupos ecologistas y conservacionistas de Cantabria en el Patronato del Parque Natural de Oyambre
Y, por ello, con el hastío que supone volver sobre lo mismo, he aquí tres perlas recientes que añadir a este muestrario de despropósitos:
En primer lugar, el asfaltado innecesario y agresivo de un camino rural dentro del Parque entre Trasvía y El Remanse en un lugar particularmente frágil que había conservado los valores naturales de un paisaje, apenas alterado por algunos actuaciones aisladas de urbanización a las que parecen haberse rendido ahora los responsables del Ayuntamiento de Comillas y la depredadora Consejería de Obras Públicas con la complicidad e inhibición de la Consejería de Desarrollo Rural que han acometido la obra sin proyecto previo, sin acuerdo municipal alguno, sin información pública de ninguna clase –ni a los vecinos del lugar, ni a los afectados más próximos, ni al Patronato–, sin evaluación de impacto ambiental, y sin consideración alguna sobre linderos, anchuras, drenajes, materiales adecuados o integración en paraje tan delicado.
En segundo lugar, la constatación de la falta de transparencia sobre las circunstancias en que se han adjudicado las plazas de guías y personal laboral en el Parque de Oyambre que no han sido hechas públicas ni comunicadas a los miembros del Patronato ni a los aspirantes que, en su momento, optaron a ellas; que no se han traducido en las puntuaciones pormenorizadas de los distintos apartados que, supuestamente, iban a ser considerados en los curriculums presentados; y que no han dado la oportunidad concreta a los rechazados de recurrir al tribunal, a los procedimientos y a los plazos oportunos para, en su caso, realizar las reclamaciones o impugnaciones correspondientes a un Estado de Derecho y a unas convocatorias de empleo público que se les supone basadas en los principios de igualdad de oportunidades, mérito, capacidad y publicidad.
Y, en tercer lugar, la aprobación por el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera del levantamiento de la suspensión de licencias para la zona del barrio de la Barquera, en la que se contemplaba una unidad de actuación con un mínimo de racionalidad urbanística para dotar de equipamientos marinos y establecer los perímetros de protección adecuados en torno al Santuario de la Virgen de la Barquera y las fábricas de conservas de Ortiz y Albo, y que va contribuir, aún más, a degradar un escenario fundamental de la imagen de la villa donde la especulación inmobiliaria, el hacinamiento urbanístico y los destrozos paisajísticos no cesan de causar estragos camino, eso sí, de un Centro de Interpretación en el Faro que servirá, sin duda, de itinerario didáctico para los cada vez más estupefactos turistas y visitantes de un espacio supuestamente protegido
Emilio Carrera. Representante de los grupos ecologistas y conservacionistas de Cantabria en el Patronato del Parque Natural de Oyambre
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