Información y gobierno en Cabezón de la Sal

   La manipulación informativa y los mensajes tendenciosos vienen convirtiéndose hace tiempo en una enfermedad crónica por parte de los poderes establecidos como instrumento de propaganda en directa proporción a la tergiversación de aquellas visiones o versiones que no coinciden con sus discursos oficiales. Y si esto forma parte del panorama regional no les cuento nada de lo que ocurre en Cabezón de la Sal. O mejor sí: voy a narrar brevemente algunas de las vicisitudes municipales en paralelo –cuando no claramente divergentes– a decisiones y acuerdos del Ayuntamiento y a la imagen que se ha pretendido –y se pretende– transmitir de la supuesta eficacia de su equipo de gobierno.

   En primer lugar, reafirmo mi desacuerdo con la privatización de la gestión del agua y de las piscinas municipales –donde se han invertido más de un millón de euros de dineros públicos– con el pretexto de una supuesta eficiencia, transparencia, inversión o transferencia de tecnología privada –y ya hemos visto como el culto a la iniciativa particular es la causante, en gran medida, de la crisis en que nos encontramos– frente a la supuesta inoperancia y el desprestigio interesado del sector público y los mecanismos democráticos de decisión, cuando los resultados son evidentes: precios y tasas en ascenso para los sufridos vecinos,  tendencia al despilfarro de un recurso básico –a más consumo más negocio–, beneficios seguros de carácter particular para las empresas adjudicatarias –que se restan a la hacienda local e introducen graves distorsiones en los concursos y procedimientos admninistrativos–, hipoteca de un recurso de interés general y titularidad colectiva por períodos de hasta 60 años –¿y qué hipotecaremos cuando venga otra crisis o el ayuntamiento atraviese nuevas dificultades económicas?– y renuncia incomprensible a que sean los propios servicios municipales los que gestionen el agua o las piscinas y garanticen el equilibrio entre su rentabilidad económica, social y ambiental.
    
   En segundo lugar ¿cómo puede presumir el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal de resolver favorablemente las deudas con la empresa de Residuos MARE cuando fueron los gobiernos local y autonómico de su misma línea política los que crearon el problema de la acumulación de deuda desde que en 1988 no dejaran claras las condiciones de uso y alquiler de las instalaciones y la planta de transferencia del antiguo vertedero de La Plata hasta el punto de que es el Gobierno de Cantabria el que debe dinero al Ayuntamiento de Cabezón de la Sal ­­–y no al revés– por no haber pagado en estas dos décadas y media lo que debía?

  
   En tercer lugar, ¿será posible que este gobierno local se atribuya, su vez, la posible rehabilitación del Pozo de la Sal sin hacer la más mínima autocrítica sobre sus inhibiciones y despilfarros en obras innecesarias o no prioritarias –por ejemplo, el casi millón de euros gastados en el poblado postizo del Picu la Torre– o en la ruina y abandono de otros testimonios de la actividad minera como Las Salinas de La Estación o el posible yacimiento de Las Tueras donde, por cierto, el empecinamiento del anterior alcalde del PP le ha supuesto al Ayuntamiento una deuda añadida de medio millón de euros no se sabe si por pura ignorancia administrativa o en relación con las expectativas de recalificación urbanística que existen su entorno inmediato.
  
   En cuarto lugar, no hay aplazamiento en la construcción del Centro del Salud y en la aprobación del PGOU por parte de estos bomberos pirómanos: Lo que hay es negligencia en el retraso de una obra y una norma básica que tenía ya su financiación y plazos garantizados en el primer caso, siendo como debería ser un objetivo prioritario y urgente; y cuando, en lo que se refiere al planeamiento, está claro, también, que hay sospechosísimas razones –y que, por razones de espacio, dejamos a la imaginación del lector– para explicar un retraso que sigue manteniendo un peligroso vacío legal y dejando las manos demasiado libres a la arbitrariedad y la discrecionalidad de las decisiones de la mayoría de gobierno.

   Y en quinto lugar, un gobierno no cumple con los requisitos de democrático y transparente cuando la actual mayoría PP-PRC ha neutralizado todos los mecanismos de participación ciudadana y consejos sectoriales, incluyendo la posibilidad de elaborar unos presupuestos participativos –al menos en las escasas inversiones en equipamientos, obras públicas y mantenimiento o transferencias corrientes a las entidades culturales y deportivas del municipio– con una fiscalidad mucho más selectiva y progresiva para hacer frente al déficit y las deudas con proveedores en vez de recurrir a nuevos préstamos, una austeridad mayor en dietas a concejales, salarios de liberados y celebraciones de espectáculos festivos o deportivos, una definición más rigurosa de los objetivos y las necesidades prioritarias, y una mayor y directa información a los vecinos de las consignaciones económicas de los ingresos y gastos previstos para este año de 2012.

Felipe Ruiz Varona  (concejal de IU en el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal)