Los límites de la gestión del Parque Natural de Oyambre

Ha transcurrido ya un año desde que el actual gobierno de
Cantabria tomase posesión de sus funciones. Y siendo comprensivos
con los difíciles tiempos que atravesamos dejamos pasar los 100 días
de cortesía a la espera de algún destello, siquiera fugaz, sobre la
naturaleza de las políticas ambientales y, en concreto, sobre el
futuro de los espacios protegidos. Pero han transcurrido ya casi un
año –en realidad un año y medio desde que se celebrase la última
reunión del Patronato– y seguimos sin saber nada de iniciativas y
planteamientos destinados a corregir las profundas lagunas de
gestión, neutralizar los numerosos impactos sobre el paisaje y los
valores ambientales o dinamizar, de forma sostenible, sus áreas de
influencia socioeconómica o los sectores productivos locales. Y en
este aspecto, lo que ocurre en Oyambre es paradigmático del
desinterés del Gobierno de Cantabria sobre uno de los tramos más
singulares de la costa cantábrica –dentro del espejismo o realidad
virtual en que se han convertido los espacios protegidos en
Cantabria– aunque aún estemos a tiempo de lograr el equilibrio entre
las rentabilidades económicas, sociales y ambientales en el
mantenimiento y el aprovechamiento de sus recursos.



Pero lamentablemente, en la forma y el contenido, la gestión de
Oyambre sigue batiendo los récords del despropósito, camino de
superar la nefasta trayectoria de los gobiernos anteriores desde que
en 1988 se declarase Parque Natural: Primero, porque en una
inconcebible falta de educación –ya no política sino simplemente
cívica y olvidándonos de eso que llaman participación ciudadana o
Consejos sectoriales borrados del mapa por este gobierno de
autosuficientes–y de respeto a sus integrantes, la Consejería de
Ganadería (y lo que pueda quedar de la Dirección General de
Biodiversidad o de la llamada de Conservación de la Naturaleza) ha
ignorado absolutamente al Patronato al no convocarle en los plazos
establecidos tal como exige la Ley para, al menos, presentarle a los
nuevos órganos rectores, incluyendo al propio director-conservador
del que desconocemos su perfil, sus méritos o sus proyectos a estas
alturas; o para siquiera hacer el enunciado básico de las iniciativas
o criterios de gestión que podrían presidir esta nueva etapa
suscribiendo, de manera efectiva, la Carta de Aalborg, la Agenda 21,
la Red Natura 2000 o el Convenio Europeo sobre el Paisaje, como
declaración de intenciones o incorporando las Tina Menor y Mayor al
Parque, declarando alguna Reserva marina o Monumento Natural...

En segundo lugar, porque, como consecuencia de este paradero
desconocido en que se han encontrado los órganos de participación y
gestión del Parque –del que tampoco han dado respuesta satisfactoria
tras la reunión del Patronato finalmente celebrada este viernes en
Comillas–, no es extraño que los numerosos litigios – golf y dunas de
Oyambre, variantes de Los Llaos y Merón, viviendas de La Argolla,
Monumento, escollera y chalets del Pájaro Amarillo, ocupaciones
privadas, rellenos y vertidos en torno a los aparcamientos de Oyambre
y Merón, ejecución de sentencias sobre el desmantelamiento del
camping El Rosal, Sta Marina y el Polideportivo...– carezcan de
pronunciamiento oficial alguno como si, de esta forma, los problemas
que están originando se resolvieran por sí solos.

En tercer lugar, porque el Patrimonio Natural y Cultural sigue
deteriorándose ante la indiferencia del Gobierno, las Consejerías
competentes –Ganadería y Medio Ambiente–, la dirección del Parque y
los Ayuntamientos. El relato es interminable: la degradación del
Monte Corona –donde la Casa del Guarda sigue infrautilizada y la Casa
de los Ingenieros en obras con un coste escandaloso para frenar un
deslizamiento de ladera derivado de talas a matarrasa, deforestación
y pistas de explotación forestal– con la invasión masiva de pinos y
eucaliptos; la práctica ruina del Lazareto de Abaño –donde aún
resisten milagrosamente unas excepcionales pinturas al fresco sobre
temas marineros–; las Colonias de la Institución Libre de Enseñanza –
con ese Centro Europeo de Biología Marina en “la colina de los
chopos”– de las que sigue sin saberse nada a pesar de las repetidas
promesas en recuperarlas–; el timo de la Casa del Pozo como Centro de
Interpretación –y el de las sedes complementarias en Trasvía, Monte
Corona, antiguo club del campo de golf sobre la Torre de Ballenas, en
Val de San Vicente...– después de haber asistido impasibles al
destrozo de las hileras arboladas centenarias de la carretera a La
Acebosa y sin respetar las colas de marisma y la conexión con la
Autovía; el olvido de la batería de Ubiembre como mirador
panorámico; la falta de sensibilidad en luces y tratamiento de los
valiosos paisajes y micropaisajes con los pésimos diseños de los
puentes sobre La Rabia y Zapedo, con las inundaciones del puente
republicano de Ríoturbio, con las plantaciones de eucaliptos y los
diques en las rías de Pombo y Rubín o el contacto de sus marismas con
los ríos Escudo y Gandarillas...–; las carencias en la protección
específica de las cuencas visuales más importantes por su profundidad
y perspectivas en costa, playas, marismas y acantilados o sobre los
ejes fluviales de ríos y arroyos, rotos sus horizontes por los
efectos pantalla de plantaciones de crecimiento rápido o con diseños
de infraestructuras inadecuados....

En cuarto lugar, porque los presupuestos, inversiones y programas
para la creación de empleo –con sus correspondientes concursos
abiertos basados en el mérito, la capacidad y la publicidad, y no en
las designaciones políticas o las contrataciones clientelares– han
brillado, también, por su ausencia al carecer de compromisos y
consignaciones presupuestarias, líneas de subvenciones garantizadas a
los Ayuntamientos y particulares, creación de Marcas o denominaciones
de origen y calidad agroecológicas, pesqueras y turísticas asociadas
a Oyambre....

Y en quinto lugar, porque nada se ha informado –ni al Patronato
ni al público en general– sobre la posición de la dirección del
Parque sobre el PGOU de San Vicente de la Barquera y el impacto y el
despilfarro del macroparcamiento de La Barquera –sin la elaboración
previa de un Plan de Movilidad concreto– o el que pretende rematarse
con el puerto deportivo en el interior de la ría, sobre los
agresivos proyectos en Boria-Santillán o el hacinamiento de Las
Calzadas, y sobre el casco viejo y sus entornos inmediatos,
necesitados de mejora de una escena urbana muy deteriorada en las
últimas décadas, para convertir a San Vicente en un modelo de
urbanismo sostenible, de conservación de los valores ambientales, y
de una más respetuosa relación con el excepcional paisaje en que se
inserta.

 Emilio Carrera. Representante de los grupos ecologistas y
conservacionistas de Cantabria en el Patronato del Parque Natural de
Oyambre.