El equipo de gobierno de Cabezón de la Sal, formado por
PP y PRC, aprobó ayer en sesión plenaria la suspensión de las mejoras
sociales del convenio colectivo del personal laboral y funcionarial del
Ayuntamiento. La alcaldesa, Esther Merino, agradeció al personal laboral
el hecho de no haber solicitado las facturas pendientes de pago al
Ayuntamiento, «solidarizándose así con los funcionarios y la difícil
situación económica que se vive en este Consistorio».
La medida creó controversias entre el equipo de gobierno y
la oposición, formada por PSOE e Izquierda Unida, que calificó la
propuesta de «injusta». «Siempre pagan los mismos las consecuencias de
la crisis», explicó el portavoz de IU, Felipe Ruiz, que abandonó el
salón de plenos antes de que finalizase la sesión.
Por su parte, la portavoz del PSOE, Isabel Fernández,
aludió a la denuncia interpuesta por el sindicato del personal laboral
cuando se les privó de las ayudas por acuerdo plenario. El juez dictó
sentencia en contra del Ayuntamiento, que ahora se ampara en una ley del
mes de julio para privar de las ayudas a funcionarios y personal
laboral. «Una medida coyuntural hasta que este Ayuntamiento vuelva a
tener la liquidez que necesita», especificó Merino. Argumento que no
convenció al PSOE, ya que su concejal Carmelo Renedo acusó al equipo de
gobierno de llevar a cabo «contratos fraudulentos» y de poner en marcha
«un plan de saneamiento sin criterio».
La segunda medida a debatir también encendió los humos de
algunos de los concejales. El equipo de gobierno aprobó aumentar la
tasa del agua y alcantarillado en un 30% «tal y como estaba establecido
en el pliego de condiciones firmado con la empresa adjudicataria del
agua». En la ordenanza figura una bonificación del 50% para las familias
con pocos recursos.
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