Los déficits territoriales y ambientales en Cantabria

Las políticas globales y sectoriales del Gobierno de Cantabria y
las distintas Consejerías siguen contribuyendo con sus medidas
legislativas, sus inversiones directas o complicidades con la
iniciativa privada, su inhibición en el cumplimiento de normativas y
resoluciones, o su colaboración con instituciones –Ayuntamientos,
Demarcación de Costas, Confederación Hidrográfica....–, a la
degradación ambiental, a la ruina progresiva de valores y equilibrios
ecológicos –fundamento, no lo olvidemos, de la optimización de las
actividades productivas y el aprovechamiento sostenible de los
recursos–…–, y a la pérdida de la calidad de vida y de los paisajes
de Cantabria.

Los últimos empeños en ignorar al Tribunal Supremo y al
Constitucional con la nueva Ley de Costas, el vaciamiento de la
Evaluación de Impacto Ambiental, y los desafíos a las sentencias de
demolición de viviendas en la costa o de la depuradora de Vuelta
Ostrera, están en la enésima modificación de la legislación
urbanística y territorial –con una relajación del régimen
disciplinario y las sanciones– y la reciente Ley del Suelo de
Cantabria que refuerza la inseguridad jurídica y la discriminación
legal frente a ayuntamientos y particulares que respetaron las leyes
y normas vigentes, al facilitar la construcción de viviendas en suelo
rústico o de especial protección y en la franja litoral y los parques
naturales, el aumento de densidades o cambios arbitrarios de usos y
actividades y la recalificación residencial en espacios naturales o
poco artificializados, y escasos y valiosos desde el punto de vista
agroganadero, ecológico y paisajístico.

Una filosofía basada en una Cantabria infinita que dispersará,
aún más, su estructura de asentamientos, encarecerá infraestructuras,
equipamientos y servicios, desarticulará las tramas existentes, y
consumirá ecosistemas, suelos y escenarios cada vez más frágiles y
limitados. Todo ello sin saber los recursos disponibles o las
directrices previas con las que introducir estos nuevos cambios al no
aprobarse con antelación la Ley del Paisaje, el Plan Regional de
Ordenación del Territorio o el de Ordenación de los Recursos
Naturales de Cantabria –que deberían tener rango de Ley– y ocupar el
lugar preferente en la jerarquía normativa territorial, urbanística y
ambiental, dentro de las contradicciones e incompatibilidades, a su
vez, con la Ley de Conservación de la Naturaleza y el Plan de
Ordenación del Litoral.

Profundas limitaciones encierran, también, los proyectos de
Obras Públicas, sin debate previo alguno, sobre carreteras entre
2014-21 –celebrando, por anticipado, dos
triunfos electorales, y sin saber a cómo va a comprar el asfalto al
cártel de la región–, y sin precisar presupuestos, la situación legal
–por ejemplo, de la variante de Comillas–, la argumentación de las
prioridades en restauración de paisajes afectados sin trampas de
estudios de impacto a la carta, y los despilfarros o las necesidades
superfluas que sostienen a variantes como las de Potes, Sarón,
Ampuero o Cabezón de la Sal, la demolición de los puentes de Sta
Lucía y Villanueva sobre el Saja en vez de remodelarlos con vuelos
laterales, los accesos desmesurados a El Soplao o Cabárceno ...,
carentes de análisis rigurosos del tráfico existente y el previsible
o de un Plan de Movilidad Sostenible para reducir desplazamientos
obligados y fomentar transportes públicos, conexiones intermodales o
continuidades de carriles-bici con frecuencias y tarifas baratas en
ferrocarril y autobuses de líneas urbanas e interurbanas.

Por último, la Consejería de Agricultura muestra, también, una
nefasta gestión de los espacios protegidos y la biodiversidad –los
destrozos de La Argolla, variante y golf de Oyambre, San Vicente,
Monte Corona, Santoña, Liencres, Saja-Besaya, Collados de Asón,
Hijedo o Valderredible...–; de ecosistemas fluviales, áreas rurales y
de montaña, concentraciones parcelarias...; de la política forestal
con la epidemia de pinos y eucaliptos; de precios agroganaderos,
pesqueros, y denominaciones de origen ecológicas; de los mercados
locales y el desarrollo endógeno..., entre otras graves carencias. Y
con otras Consejerías sin criterios sostenibles de seguridad
ambiental en la prohibición del fracking, las localizaciones eólicas,
turismo respetuoso, transporte y consumo doméstico e industrial,
descarbonización en el tráfico de viajeros y mercancías,
arquitectura bioclimática o ahorro y eficiencia energéticas; sin
reparto adecuado de la fiscalidad ecológica; sin educación ambiental
y conductas sostenibles en todos los níveles académicos y ámbitos
privados o institucionales; y sin objetivos sistemáticos de
reconversión ecológica de los sectores productivos.

Emilio Carrera, Miembro de Ecologistas en Acción-Cantabria.