La nueva propuesta de PGOU de Cabezón de la Sal supone una flagrante
transgresión del principio de seguridad jurídica al ignorarse la aceptación de
las numerosas alegaciones individuales y colectivas en la aprobación inicial
anterior –que era ya la segunda– en 2005 con una propuesta que vuelve al origen
y no sólo repite sino que agrava los errores en los criterios y directrices de
ordenación del que adolecía el documento primitivo. Éste, además, se expone a
información pública en pleno verano, el período, como se sabe, más apropiado
para estimular la participación ciudadana con fiestas, celebraciones, vacaciones
e interferencias para consultas técnico-jurídicas, elaboración de alegaciones,
intervenciones profesionales u organización de campañas de información, mesas
redondas…; con un procedimiento de consultas individuales o personalizadas para
bloquear visiones globales, articuladas y colectivas que trascendiesen los puros
intereses particulares; sin la más mínima intencionalidad didáctica al limitarse
a una exposición pasiva –que tiene, por otro lado, dificultades añadidas por la
confusión de claves y aclaraciones sobre
el significado de su planimetría– sin recurrir a la difusión de síntesis
escritas y cartográficas en soportes impresos, digitales o audiovisuales que
facilitasen su comprensión; y con ausencia total de actos, debates o montajes
permanentes donde expresar visiones o interpretaciones plurales, intercambio de
ideas y opiniones, o intervenciones de redactores, expertos, concejales,
partidos, organizaciones sociales o profesionales…, sobre las propuestas planteadas.
Por otro lado, desde los
inicios del Plan y las sucesivas reelaboraciones en más de una década, incluida
la propuesta actual, no se ha hecho un análisis socioeconómico riguroso,
particularmente sobre la crisis 2008-2013, el pinchazo inmobiliario, el desplome
de la construcción, la demanda y el
precio de la vivienda, y las mayores exigencias de desarrollo sostenible y
calidad ambiental frente a los dictados de un sistema financiero y una economía
de mercado sobre la planificación urbanística y la ordenación territorial que ya
han dado suficientes muestras de sus potenciales tóxicos y de su fracaso a la
hora de satisfacer las necesidades de la mayoría de la población. Por
consiguiente, la calificación de suelo para casi 2.000 viviendas en la próxima
década, un crecimiento de la población que casi dobla la actual de 8.500
habitantes, y unos índices de hacinamiento que no llegan a 3 hab/viv., falsean
las razonables proyecciones de un futuro que no contempla, tampoco, las 500
viviendas más como oferta si sumamos las vacías, las infrautilizadas, las de 2ª
residencia, en alquiler o de ocupación esporádica, las susceptibles de
rehabilitación, remodelación o recuperación de solares abandonados o viviendas
en ruina, o las resultantes de ampliar densidades y disminuir tamaños de
parcelas de construcciones en suelo rústico o urbanizable; que la prolongación
de la crisis rebaja la natalidad y restringe la posible inmigración o la
adquisición de nuevas viviendas; y que las relaciones de dependencia intergeneracional y el escaso
poder adquisitivo tienden a aumentar el índice de ocupación por vivienda
habitada.
En esa línea el suelo urbano o
urbanizable resulta desmesurado y desafortunado en su localización al dispersar
y desarticular las tramas urbanas, fomentar los crecimientos en mancha de
aceite, encarecer infraestructuras, equipamientos y servicios, invadir suelos y
vegas fértiles y de alto valor agroecológico, degradar el paisaje y el
Patrimonio Natural y Cultural, u ocupar la ladera y vaguada de Navas entre El
Empalme y El Traviesu, de gran fragilidad visual y escénica, donde la fuerte
pendiente aconseja, además, su consideración como suelo rústico de especial
protección ecológica y paisajística, independientemente de las exageradas
densidades en Pozo de la Sal, La Cabroja o Domañanes –con reducciones
arbitrarias de servidumbres y distancias a linderos y cursos de agua–, y de
falta de construcciones fuera de ordenación para desmantelarlas, demolerlas o
negociar permutas mientras se segregan parcelas o grupos de viviendas con
calificaciones arbitrarias y discriminatorias; se trazan viales, alineaciones,
retranqueos o cesiones con tratamientos contradictorios según sectores o
propietarios concretos; o se delimitan áreas de inundación –la mies de Sahoyo–
con criteros exagerados de riesgo frente a otras áreas –Ontoria o Periedo–.
donde se consolidan promociones inmobiliarias mucho más expuestas a las crecidas
del río. Tampoco se observa voluntad de corregir impactos en núcleos urbanos y áreas rurales donde se
han desnaturalizado los objetivos de las concentraciones parcelarias por
intereses especulativos y promociones inmobiliarias; y donde se han introducido
mobiliario urbano, distorsiones formales o estéticas, y usos o actividades que
han degradado las calidades ambientales de calles, plazas, edificios relevantes,
iglesia parroquial…
Por otra parte, los proyectos de remodelación e inversión en la red
viaria resultan despilfarradores e innecesarios al incluir una agresiva rotonda
en la Plaza de la Iglesia y un nuevo vial público para beneficios particulares o
plantearse gestionar una demanda de transporte motorizado con pasos elevados o
subterráneos sobre FEVE –pendiente el cierre a Asturias–, una variante Este-Sur
de impacto irreversible sobre las mieses
de Cabezón de la Sal, Carrejo, Ontoria y Vernejo, en vez de hacer
sostenible la demanda con un plan de movilidad que garantizase la continuidad y
seguridad de itinerarios peatonales y carriles-bici, la potenciación de
FEVE y líneas de autobuses, y la
renuncia al escandaloso dispendio de 20
millones de euros de la variante a
Cabuérniga y de los nuevos puentes de Santa Lucía y Virgen de la Peña.
En cuanto al Catálogo del Patrimonio Natural y
Cultural –o de Edificios, Conjuntos y Lugares de Interés histórico-artístico,
etnográfico, ambiental o paisajístico–, adolece de propuestas específicas
(Monumento Natural de Los Coborros, más Árboles Singulares, Bienes de Interés
Cultural o Local del patrimonio Minero, Etnográfico o Fluvial….), repeticiones,
diagnósticos equivocados y numerosas lagunas en su definición, clasificación y
descripción sobre sus características y tipologías, sin que se introduzcan
criterios más precisos y exigentes sobre el análisis de su estado de
conservación, su posible tratamiento y rehabilitación, sus perímetros de
protección, su proyección urbana, las periferias de los núcleos, los contactos
con las áreas rurales y las entradas a la villa o las ordenanzas específicas
(forestal, cierres, mobiliario urbano, ecosistemas fluviales….) para la mejora
del Patrimonio construido, del medio ambiente y del paisaje de Cabezón de la
Sal.
Por último, el Estudio Económico-Financiero y el Informe de
Sostenibilidad Económica son un “brindis al sol” y un ejercicio de contabilidad
creativa e ingeniería financiera donde ingresos y gastos de la hacienda
municipal y otras Administraciones, sistema tributario y balance fiscal,
inversiones públicas y privadas y gobernanza de recursos disponibles…, se mueven
entre el voluntarismo y el futuro pluscuamperfecto de unas realidades imposibles
de alcanzar en sus cifras, plazos y objetivos con el agravante de las amenazas
al comercio local de una macrosuperficie
en el Polígono de Navas –donde, además, el efecto resbaladero de la
variante de Cabuérniga perjudicaría los flujos comarcales hacia el pequeño
comercio de Cabezón de la Sal–; del despilfarro de inversiones –los casi 20
millones de la variante y los puentes, por ejemplo, o las exageradas para un
Centro de Salud que sólo necesita algunas mejoras o ampliaciones– al margen de
prioridades como viviendas sociales, centro multimedia y polivalente,
rehabilitación del Patrimonio, agricultura ecológica o diversificación de
actividades primarias, fortalecimiento del tejido industrial y cooperativas, etc; de la renuncia a la
gestión pública del abastecimiento de agua o del complejo Domañanes para
alcanzar una mayor rentabilidad económica, social y ambiental en mercados cautivos y seguros donde se han
hecho, además, grandes inversiones públicas…; o de la subordinación de los
equipamientos y servicios públicos geriátricos y asistenciales que ofrece la
Residencia de Carrejo a un geriátrico de lujo en sus terrenos en perjuicio de
los trabajadores y los beneficiarios actuales.
Emilio Carrera. Miembro de Ecologistas en Acción-Cantabria.
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