El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Cabezón de la
Sal (PP-PRC) aprobó ayer en un pleno extraordinario de forma provisional
el Plan General de Ordenación Urbana de la localidad, un documento cuyo
trámite comenzó hace trece años y que ahora pasará a manos de la
Comisión Regional de Urbanismo para su aprobación definitiva. La medida
salió adelante con el voto en contra de los socialistas, que alegaron no
haber tenido tiempo suficiente (el pleno fue convocado de urgencia el
miércoles) para estudiar el documento. “Un PGOU que lleva tantos años de
tramitación no puede ser aprobado de urgencia sin que la oposición
conozca el proyecto”, explicó la portavoz socialista, Isabel Fernández,
que acusó al equipo de gobierno de “gobernar de espaldas a los vecinos”.
Por eso, dijo la socialista, “vamos a recurrir este pleno”.
Sin embargo, la alcaldesa, Esther Merino, recordó de nuevo
que la urgencia de aprobar el Plan General este mes y antes de que
finalice el año responde al cumplimiento del convenio firmado por la
anterior alcaldesa, la socialista Isabel Fernández, con la empresa
Lamadrid Rodríguez. Merino se refiere al convenio firmado en 2011 por la
anterior alcaldesa, Isabel Fernández, según el cual la promotora
Lamadrid Rodríguez, propietaria de la finca de El Concejero donde se
pretendía ubicar el nuevo centro de salud, cedía este terreno al
Ayuntamiento y como contraprestación, debía aprobarse el PGOU antes de
que finalizase 2011. De no ser así, el Ayuntamiento debía pagar a la
empresa el valor del terreno, que alcanzaba el millón de euros.
El año 2011 finalizó y no se consiguió aprobar ningún Plan
General. Sin embargo, cuando la actual alcaldesa llegó al equipo de
gobierno acordó con la empresa que el Ayuntamiento quedaba eximido de
pagar ese millón de euros a la promotora siempre y cuando se aprobase el
PGOU con la mayor celeridad. “De ahí la urgencia de aprobar este Plan
cuanto antes”, explicó la regidora. Desde el PSOE alegaron que se trata
de un Plan “incompleto al que le faltan documentos” y aludieron a la
“manera prepotente de gobernar del equipo de gobierno”.
El Plan ha sido objeto de varios informes sectoriales de
las diferentes administraciones y, tras permanecer durante 45 días
sometido a exposición pública en el pasado mes de julio, recibió un
total de 131 alegaciones, la mayoría de las cuales se referían a la
situación de inundabilidad de los terrenos y parcelas. Y es que la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico llevó a cabo un estudio de
inundabilidad del municipio que hace que cuatro sectores donde hasta
ahora se podía construir, queden calificados como rústicos. Se trata de
zonas donde, según el PGOU, los vecinos tienen limitada la construcción
de sus fincas.
Sin embargo, el equipo redactor del estudio medió con la
Confederación Hidrográfica, desde donde se comprometieron, informó la
regidora, “a presentar un proyecto entre Santa Lucía y Casar de Periedo
antes de 2015, con una serie de actuaciones a realizar en el río Saja,
con el objetivo de evitar las secuelas de las inundaciones y que los
terrenos que eran urbanos puedan volver a su naturaleza inicial”.
El PGOU contempla también la ampliación de suelo industrial
y la construcción de una rotonda que de acceso al polígono de Las
Navas, en la carretera nacional N-634. El documento urbanístico recoge
además la supresión de varios pasos a nivel en el municipio. Entre
ellos, desaparecerán los de Cabrojo, Virgen de la Peña y Casar de
Periedo y serán sustituidos por un paso elevado, que contará con mayores
anchos para arcenes y una acera peatonal.
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