El futuro incierto de las mancomunidades

El proyecto de ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local que ahora tramita el Senado potenciará, a priori, el funcionamiento de las mancomunidades, contempladas como única vía para que muchos municipios pequeños puedan llevar a cabo servicios esenciales que, de otra manera, no podrían afrontar. La aplicación de la norma, sin embargo, podría complicar la permanencia de algunas de ellas: en uno de sus artículos señala que disponen de seis meses para ajustarse a las competencias y servicios y, que, de no hacerlo, «quedarían disueltas» y su personal pasaría a las entidades locales que la formaron.

Por si fuera poco, las veinte mancomunidades que se reparten por la región recibirán este año 100.000 euros menos que en 2012 de la mano de la Consejería de Presidencia y Justicia, que aportará 300.000 euros.

Pero para entender el debate que se cierne sobre el futuro de las mancomunidades, hay que ir al trasfondo. En la zona oriental, por ejemplo, se encuentra la Mancomunidad de Trasmiera que absorbe los servicios sociales (teleasistencia, asistencia a domicilio, atención a menores) que se prestan en Bárcena de Cicero, Hazas de Cesto, Ribamontán al Monte, Solórzano y Voto. Los municipios comparten personal y, según cuenta su presidente y, a su vez, alcalde de Ribamontán al Monte, José Luis Blanco, supone «un gasto fijo que se reparte entre todos los ayuntamientos, lo que nos posibilita un mayor rendimiento a un coste menor».

Argoños, Arnuero, Liérganes, Ribamontán al Monte, Escalante y Bareyo también están mancomunados en El Brusco. Su unión es, en este caso, para prestar el servicio de recogida selectiva de basura, enseres y podas. Con esta mancomunidad, dice su presidente, el alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, «se busca reducir el coste y evitar en el recibo de los ciudadanos el aumento brutal de las tasas».

Son ejemplos, pero ¿de qué manera cambiará el panorama con la nueva normativa? El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, ha venido defendiendo en reiteradas ocasiones que el proyecto de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local no vulnera, «en principio», la autonomía local. Es más, asegura que el largo proceso de gestación y debate político ha dado lugar a un texto del que se han eliminado aspectos como la intervención de municipios de menos de 5.000 habitantes, la supresión de entidades locales y mancomunidades o el concepto de coste estándar, que «sí vulneraba la autonomía local en la medida en que se perdían competencias». Sin embargo, hay voces que no lo ven tan fácil.

Mayor eficiencia

El presidente de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) y alcalde de San Vicente de la Barquera, Julián Vélez, asegura que con la nueva ley es probable que «muchas de las mancomunidades desaparezcan, ya que ahora se las va a exigir funcionar con el rigor con el que se articulan los ayuntamientos en cuanto a la tramitación de sus presupuestos, desde su redacción, ejecución y liquidación». Es decir, tendrán que regirse con mayor eficiencia si quieren continuar, lo cual supone darle un mayor peso a las que cumplan con los requisitos. El mapa de Cantabria está compuesto por una veintena de mancomunidades, algunas de gran tamaño, como la mancomunidad de municipios sostenibles de Cantabria conformada por diecisiete. Otra es la de l área Saja-Nansa, que engloba a otros quince de la zona occidental y se encarga de la gestión del programa Leader.

Vélez considera que esta última mancomunidad estaría en disposición de poder gestionar muchos de los servicios que la futura ley contempla para los municipios de más de 20.000 habitantes. Sin embargo, el presidente de la FMC propone suscribir convenios con el Gobierno regional para poder prestar los servicios directamente, de manera que se pueda recibir la aportación íntegra o complementarse con inyecciones económicas propias «si demuestran tener unas cuentas saneadas».

Y por ir más allá, Vélez da ideas de qué tipo de servicios se podrían añadir a los que se vienen prestando desde la mancomunidad Saja Nansa: la piscina climatizada de Pesués. La norma establece que las instalaciones deportivas de uso público en municipios que no cuentan con un equilibrio presupuestario, como es el caso de Val de San Vicente, no serán de competencia municipal. Sin embargo, sí lo son de la Mancomunidad.

Pero la realidad es que muchos ayuntamientos de Cantabria se encuentran agrupados en diferentes y pequeñas mancomunidades desde las que ofrecen servicios de asistencia social, recogida de basuras, formación, empleo o turismo, entre otros. Algunos ejemplos son la de los Valles de San Vicente (San Vicente de la Barquera, Val de San Vicente y Valdáliga) o la Mancomunidad Bajo Deva (Val de San Vicente y el concejo asturiano de Ribadedeva).

Duplicidades

Estas pequeñas agrupaciones generan en ocasiones muchas duplicidades, lo que no es entendible si de lo que se trata es de ajustarse a la eficiencia y a los requisitos de gestión. En algunas zonas concretas, contar con una única gran mancomunidad que unifique a las existentes sería una solución lógica al exceso de agrupaciones y, sin embargo, complicada en lo que respecta a mantener determinados servicios en aquellos ayuntamientos que ya los vinieran prestando.

Sea como fuere, lo que resulta «imposible» para algunos alcaldes es prescindir de la mancomunidad para desarrollar ciertos servicios esenciales en estos momentos para el ciudadano. El primer edil de Argoños, que está al frente de El Brusco pero también de la Mancomunidad de Servicios Sociales Siete Villas, asegura que sin la unión intermunicipal «haría falta una cantidad económica muy alta que no tenemos los ayuntamientos».