La Mancomunidad Saja -Besaya ha pedido al Gobierno de
Cantabria que suspenda de forma cautelar el permiso concedido para
investigar la existencia de gas en la zona y que tramite la autorización
ambiental del proyecto "con la máxima rigurosidad", según los
colectivos que se oponen a esta actuación.
En un comunicado, estos colectivos advierten de que la
concesión de seis años incluye, a partir del segundo, la explotación de
gas mediante el método de fractura hidráulica (o 'fracking', en inglés)
en 24.876 hectáreas de los municipios de San Vicente de la Barquera,
Valdáliga, Rionansa, Tudanca, Udías, Cabezón de la Sal, Ruente,
Cabuérniga y Los Tojos.
Y aseguran que la Mancomunidad Saja -Besaya, a través de
su presidenta, la alcaldesa de Los Tojos, María Belén Ceballos, ha
interpuesto ante el Consejo de Gobierno de Cantabria el pasado 4 de
agosto un recurso de reposición y solicitud de suspensión del permiso de
investigación concedido a la empresa Trofógas Hidrocarburos, filial de
la estadounidense BNK Petroleum.
En el recurso, según han explicado los colectivos
opuestos al proyecto, denominado 'Arquetu' (ser de la mitología
cántabra), se argumenta que "en modo alguno se ha procedido a informar a
ninguno de los ayuntamientos afectados" y se afirma de que un proyecto
"de estas características" se debería "haber tramitado dando audiencia
desde el principio" a los municipios.
Por ello, la Mancomunidad Saja -Besaya solicita que se
"suspenda de forma cautelar la eficacia del decreto" firmado por el
exconsejero de Industria, Juan José Sota, y la exvicepresidenta, Dolores
Gorostiaga, recuerdan esos colectivos, y pide se lleve a trámite la
preceptiva autorización ambiental "con la máxima rigurosidad".
Además recuerda la gran cantidad de espacios naturales
protegidos y de elementos del patrimonio cultural de Cantabria que hay
en la zona y reclama "transparencia" respecto a la investigación y que
se detallen "los productos que se inyectarán para estimular la fractura
de la roca y extraer gas".
También alerta de la posibilidad de afectar a los
recursos hídricos y la fauna de la zona, según han asegurado los
colectivos que se oponen al proyecto en su nota de prensa.
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