La Casa de la Cultura de Torrelavega fue escenario ayer
de la charla informativa en la que los miembros de la Asamblea contra la
Fractura Hidráulica ('fracking') en Cantabria explicaron a los
asistentes los riesgos que conlleva esta práctica para la obtención de
gas natural de forma no convencional, que parece comienza a traspasar
fronteras, ya que, según explicaron, las empresas explotadoras han
fijado sus objetivos en un tercio del territorio cántabro.
Hasta ahora los miembros de la asamblea sólo habían
alertado del empleo de la fractura hidráulica en el valle Saja-Nansa a
través del permiso Arquetu por el cual el Gobierno de Cantabria otorgó a
la empresa Trofagas, filial española de la norteamericana BNK
Petroleum, a posibilidad de extraer gas natural en un territorio de
25.000 hectáreas perteneciente a nueve ayuntamientos.
Las autorizaciones
Los conferenciantes hablaron de varios permisos otorgados
en Cantabria a través de los cuales empresas como Repsol
Investigaciones Petrolíferas han obtenido un permiso denominado 'Luena'
mediante el cual se investigará explotar gas en zonas de Los Corrales,
San Felices, Cieza, Arenas de Iguña y otras zonas de la región. Además,
nombraron otro permiso denominado 'Bezana-Bigüenzo' concedido a la
empresa Petroleum Oil & Gas que abarca Reinosa, Campoo de Yuso,
Campoo, Valdeprado, así como zonas de Burgos y Palencia. Por último, la
empresa Sociedad e Hidrocarburos Euskadi ha fusionado cuatro permisos en
uno que abarca el municipio de Villaverde de Trucíos. «A pesar de que
en ninguno de estos proyectos se especifica que se vaya a emplear el
método del 'fracking', no hemos obtenido ninguna repuesta del Ministerio
de Fomento que diga lo contrario», explicaron.
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