Los ayuntamientos respaldan los cambios en la Ley del Suelo

La nueva modificación de la ley del suelo, anunciada a principios de esta semana por el Gobierno regional, se ha ganado el aplauso de los alcaldes cántabros. La mayoría asegura mirar con buenos ojos a esta reforma que, al fin, atenderá de forma ágil las demandas de aquellos vecinos que veían como pasaban los años y no podían dar uso a sus terrenos rústicos con la construcción de una vivienda o la rehabilitación de la ya existente. Sin embargo, prefieren ser prudentes a la hora de vaticinar la repercusión que tendrá en sus núcleos de población. Temen generar expectativas que luego no lleguen a buen puerto como ocurriera con la modificación aprobada en 2009 que, lejos de aligerar, se perdía en continuos trámites administrativos. De momento - dicen- se ha dado un paso firme que «desbloqueará la situación que venimos padeciendo». Un paso, que según las cifras que maneja el Ejecutivo regional, supondrá la creación de mil viviendas unifamiliares distribuidas de forma equilibrada entre los 102 municipios. 

Para el presidente de la Federación de Municipios de Cantabria, Julián Vélez, con esta segunda reforma de la ley se atiende una reivindicación que «llevábamos tiempo reclamando». Y no solo eso, sino que «por primera vez en la historia participamos activamente en la elaboración del texto».

Vélez pone en valor que esta modificación, a diferencia de la anterior, supone «claridad» y «seguridad jurídica» para los ayuntamientos y para los propietarios. «La misma -explica- contempla que se levanten de manera ordenada edificaciones alrededor de los núcleos ya existentes, al margen de que se haya desarrollado un plan parcial». Eso sí, las casas tendrán que estar a unos doscientos metros de distancia y ocuparán parcelas de 1.500 metros cuadrados. Cifras inferiores a las fijadas en 2009.

Como alcalde de San Vicente de la Barquera, Vélez reconoce que es «difícil» cualificar el número de viviendas que se pondrán en marcha. No obstante, aventura que en cuanto se apruebe el documento, a principios de verano, se tramitarán unos 15 ó 20 expedientes para nuevos inmuebles a los que habrá que sumar las rehabilitaciones. Los núcleos preferentes serán Gandarilla, Hortigal, Abaño y la Acebosa donde, en principio, más demanda existe. 

En el Ayuntamiento de Campoo de Enmedio también hablan de valoración positiva ya que, según su alcalde, Pedro Martínez, para los municipios que, como el nuestro, todavía no tienen aprobado el Plan General, será un instrumento para desarrollar el suelo rústico de protección ordinaria. En su caso, tendrá repercusión en los 16 núcleos.

Estimaciones

 

Martínez, como el resto de regidores, insiste en la dificultad de hacer estimaciones, sobre todo, porque la situación económica ahora es complicada, pero calcula que se puedan construir cerca de 20 viviendas unifamiliares en un plazo de dos años. De hecho, señala que desde que apareciera en prensa la noticia «han venido a interesarse al Ayuntamiento ya cinco personas, aunque luego hay que ver si sus parcelas cumplen los requisitos marcados». 

En Pesquera, sin embargo, no esperan que tenga mucha incidencia ya que el Plan General, pendiente de aprobación, «aumenta el suelo urbano por lo que apenas queda rústico», según palabras de su alcalde Rubén Ruiz quien asegura que «hasta ahora no hemos tenido ninguna petición para levantar viviendas unifamiliares».

En Cabezón de la Sal, la alcaldesa, Esther Merino, cree que aproximadamente doscientas fincas o parcelas se podrían beneficiar de esta ley aunque no se aventura a decir cuántas viviendas unifamiliares se pueden levantar, ya que «dependerá de cada propietario». Los núcleos que podrían crecer son Carrejo, Santibáñez, Vermejo y Bardalón (zona del polígono industrial). No obstante, Merino señala que esta nueva normativa se adaptará dentro del planeamiento pendiente aprobación.

En Comillas también ven positiva esta modificación para obtener las denominadas 'corolas' aunque el concejal de Urbanismo, José Luis Rivas, señala que «redactaremos un plan especial para evitar el crecimiento desordenado». La zona del parque de Oyambre es la que se beneficiaria mayoritariamente en el municipio.

La regidora de Los Corrales de Buelna, Mercedes Toribio, rechaza hacer cálculos hasta que se aprueba la reforma. Toribio no quiere generar «falsas expectativas» como ocurriera con la anterior ley, pues dice que los vecinos se sintieron «engañados» al creer que los trámites administrativos serían inmediatos. Números aparte, lo considera una «buena medida» de cara al aprovechamiento de las fincas por parte de los hijos y la creación de empleo en pequeñas empresas y promotoras. En su municipio, las zonas preferentes serán Coo, Barros o San Mateo.

Cálculos y estimaciones

 

En Cartes, Bernardo Berrio también da la bienvenida a esta futura ley del suelo que, según sus primeras estimaciones, podría afectar a 150 fincas de los núcleos de Bedicó, Mercadal o Yermo que «se podrán volver a poblar». Como sus compañeros, hace hincapié en las pequeñas empresas y autónomos que encontrarán en esta medida un «estimulo».

En Voto hablan de «ilusión» y «necesidad» para valorar lo que, de momento es un borrador. Su alcalde, José Luis Trueba, cuenta que desde hace años venían demandando una ley así. Y es que este municipio «con mucho terreno rústico y población diseminada» obtendrá importantes beneficios. Además, de la reactivación económica Trueba alude a la emigración. «Muchos jóvenes han dejado el medio rural porque no podían hacer una casa en la parcela de sus padres y a partir de este verano cambiará la tónica». El regidor lamenta todo el tiempo que han estado sin posibilidades de desarrollar la construcción en tierras rústicas pero ahora «se nos abren muchas puertas». Calcula que esta nueva ley repercutirá en más de una veintena de núcleos pero no precisa datos, ya que al ser fincas segregadas pueden llevarse a cabo más de una actuación. 

Desde Ampuero entienden que esta modificación responderá a una demanda social de los vecinos y a la vez permitirá un crecimiento acorde con la tipología sin que se rompan los núcleos edificativos. Su regidor, Patricio Martínez, manifiesta que los núcleos donde se puede aplicar esta ley son Udalla, Vernales, La Bárcena, Ahedo y Rosón descartando el entorno de Ampuero y Marrón (el de abajo) por su carácter urbano. Considera complicado hacer una estimación, pero «no se va a construir de manera exagerada y serán demandas muy localizadas». 

En otros municipios como Santoña o Reinosa sin apenas suelo rústico está nueva normativa pasará sin incidencia alguna.