El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
explicó este jueves en una nota de prensa, tras conocer la sentencia
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en la
que se daba de nuevo la razón a la empresa Acciona Aguas frente a la
actual adjudicataria de este servicio en el Ayuntamiento, UTE Valoriza
–el equipo de gobierno (PP-PRC) adjudicó el servicio a Valoriza, a pesar
de que la mesa de contratación decidió que la más apropiada era Acciona
Aguas- que esta decisión política "costará a las arcas municipales
millones de euros en indemnizaciones".
La portavoz socialista, Isabel Fernández, expuso que "según
declaraciones de la propia alcaldesa, Esther Merino, la empresa Valoriza
ya ha realizado importantes inversiones económicas en obras en el
municipio, con lo cual habrá que devolverle esta inversión íntegramente
más los daños y perjuicios al rescindirle el contrato a falta de cumplir
23 años de su concesión inicial". Lo mismo sucederá con la empresa
Acciona, añadió, "a que desde el día 19 de agosto de 2011 debería de
haber sido la adjudicataria y haber explotado el servicio durante estos
dos últimos años y medio".
Por todo ello, Fernández exigió "la dimisión inmediata de la
alcaldesa, por la irresponsabilidad política (una más) cometida, al
modificar de una manera caciquil e ilegal" la decisión inicial de
adjudicar el servicio a la empresa mejor puntuada por las mesas de
contratación, conformada tanto por políticos como por técnicos
municipales. Propuesta respaldada unánimemente por los magistrados, tal y
como recoge la sentencia". Esta decisión del juez "respalda" la tomada
por la mesa de contratación, presidida por la anterior alcaldesa (Isabel
Fernández), que recogía la propuesta de adjudicación del servicio del
agua a la empresa Acciona Aguas "como la mejor opción para los intereses
del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal y, por consiguiente, para sus
vecinos".
Crispación política
Los socialistas piden a los vecinos que "no se dejen engañar" por las
declaraciones de la alcaldesa, ya que "quien da y quita razón en este
caso es la sentencia del TSJC y quien demuestra quien miente y quien
no". Mientras tanto, explicó Fernández, "bien por ignorancia política o
por la soberbia de la que durante toda la legislatura viene haciendo
gala Esther Merino con la oposición, se está llevando al Ayuntamiento
tanto a una situación de crispación política en los plenos municipales,
como a un desencuentro permanente en la relación diaria con los vecinos
que no comparten sus decisiones".
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