La nueva propuesta de PGOU de Cabezón de la Sal supone una flagrante
transgresión del principio de seguridad jurídica al ignorarse la aceptación de
las numerosas alegaciones individuales y colectivas en la aprobación inicial
anterior –que era ya la segunda– en 2005 con una propuesta que vuelve al origen
y no sólo repite sino que agrava los errores en los criterios y directrices de
ordenación del que adolecía el documento primitivo. Éste, además, se expone a
información pública en pleno verano, el período, como se sabe, más apropiado
para estimular la participación ciudadana con fiestas, celebraciones, vacaciones
e interferencias para consultas técnico-jurídicas, elaboración de alegaciones,
intervenciones profesionales u organización de campañas de información, mesas
redondas…; con un procedimiento de consultas individuales o personalizadas para
bloquear visiones globales, articuladas y colectivas que trascendiesen los puros
intereses particulares; sin la más mínima intencionalidad didáctica al limitarse
a una exposición pasiva –que tiene, por otro lado, dificultades añadidas por la
confusión de claves y aclaraciones sobre
el significado de su planimetría– sin recurrir a la difusión de síntesis
escritas y cartográficas en soportes impresos, digitales o audiovisuales que
facilitasen su comprensión; y con ausencia total de actos, debates o montajes
permanentes donde expresar visiones o interpretaciones plurales, intercambio de
ideas y opiniones, o intervenciones de redactores, expertos, concejales,
partidos, organizaciones sociales o profesionales…, sobre las propuestas planteadas.
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